El Gobierno busca frenar la extorsión desde las cárceles mediante una estrategia que combina traslados de internos, controles y restricciones a las comunicaciones.
La medida responde a investigaciones que relacionan el uso de celulares dentro de los penales con casos de extorsión y coordinación de actividades criminales.
Las autoridades han realizado operativos en diferentes establecimientos para encontrar teléfonos, tarjetas SIM y otros elementos utilizados presuntamente para contactar a víctimas.
Operativos contra la extorsión en las cárceles
La Policía y la Fiscalía han adelantado registros en cárceles de Barranquilla y Valledupar. En agosto encontraron 20 celulares, además de tarjetas SIM, cargadores y documentos.
Las diligencias se realizaron en los establecimientos El Bosque, La Modelo y La Tramacúa.
Los investigadores analizan los equipos para establecer si fueron utilizados en extorsiones. Dos de los teléfonos quedaron bajo especial interés dentro de investigaciones relacionadas con presuntos integrantes de Los Costeños.
La Policía también ha desarrollado procedimientos en otros centros penitenciarios. En septiembre, un operativo en la cárcel Las Mercedes, en Montería, buscó neutralizar herramientas que presuntamente utilizaba una red para extorsionar desde prisión.
Gobierno analiza bloqueo de comunicaciones
Otra parte de la estrategia consiste en limitar las comunicaciones no autorizadas desde los centros penitenciarios.
El Ministerio de Justicia, el Ministerio TIC y operadores móviles se reunieron para revisar alternativas técnicas y operativas. El objetivo consiste en restringir las comunicaciones ilegales dentro de las cárceles.
Las autoridades deben resolver aspectos técnicos antes de aplicar nuevas medidas de bloqueo.
La estrategia busca impedir que personas privadas de la libertad mantengan comunicaciones utilizadas para coordinar delitos desde los establecimientos.
Traslados y aislamiento de internos
El Gobierno también ha recurrido al traslado de internos considerados de interés para las investigaciones.
En septiembre, el presidente Abelardo De la Espriella informó sobre el traslado de 39 internos de Barranquilla. El Gobierno relacionó la medida con el objetivo de limitar sus comunicaciones con estructuras criminales externas.
Semanas antes, otros internos habían sido trasladados desde centros penitenciarios de Barranquilla hacia establecimientos ubicados en otras regiones del país.
Las autoridades sostienen que estas medidas buscan impedir que las cárceles funcionen como puntos de coordinación del delito.
¿Qué buscan evitar las autoridades?
La estrategia apunta principalmente a las llamadas extorsivas realizadas desde prisión.
Los investigadores buscan identificar quiénes utilizan los celulares, con quiénes se comunican y qué papel cumplen dentro de las estructuras criminales.
Además de las extorsiones, las autoridades investigan si estas comunicaciones permiten coordinar amenazas, homicidios y otras actividades delictivas.
El análisis de los teléfonos incautados puede aportar información para establecer responsabilidades individuales y fortalecer los procesos judiciales.
Operativos continuarán en los centros penitenciarios
El Gobierno mantiene los controles y operativos en diferentes cárceles del país.
La Policía ha señalado que continuará con labores de inteligencia, registros y análisis de dispositivos para combatir la extorsión carcelaria.
Mientras tanto, las autoridades avanzan en la evaluación de soluciones tecnológicas para reducir las comunicaciones no autorizadas.
La estrategia combina así medidas de seguridad física con herramientas tecnológicas para limitar la capacidad de las organizaciones criminales de operar desde los centros penitenciarios.