El nuevo esquema de valorización en el Atlántico plantea cambios en la forma de calcular y distribuir la contribución que deben asumir los predios beneficiados por obras de infraestructura. La medida se enmarca en los ajustes que adelanta el Gobierno para aplicar este mecanismo en diferentes regiones del país.
La Contribución Nacional de Valorización recae sobre los propietarios o poseedores de inmuebles que reciben un beneficio económico por una obra pública. La normativa establece que el cobro debe guardar relación con ese beneficio y con la capacidad de pago del contribuyente.
El mecanismo ya cuenta con procedimientos actualizados dentro de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La entidad tiene documentos específicos para calificar proyectos, distribuir la contribución y liquidar los valores correspondientes a cada predio.
¿Cómo funcionaría la valorización?
La metodología parte de identificar los inmuebles ubicados dentro del área de influencia de cada proyecto. También requiere información sobre los propietarios, las características de los predios y las condiciones económicas de la zona.
La ley establece que el cálculo debe considerar el costo de la infraestructura y el beneficio económico generado por la obra. Además, la tarifa individual debe guardar proporción con el beneficio recibido.
Para realizar esta distribución, la ANI contempla un censo predial y de propietarios. Ese proceso permite determinar los inmuebles que pueden quedar sujetos al cobro y establecer la contribución correspondiente.
El caso del Atlántico
El Atlántico ocupa un lugar central en esta discusión debido al proyecto vial Cartagena-Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad.
En este corredor ya se adelantaron procesos para establecer la contribución nacional de valorización. La zona de influencia comprende municipios de Atlántico y Bolívar vinculados al proyecto vial.
El mecanismo contempla que el cobro recaiga sobre los predios que reciban un beneficio económico derivado de la infraestructura. La normativa también establece criterios relacionados con la capacidad de pago.
Un mecanismo que se extendería a otros proyectos
La ANI incorporó durante 2026 nuevos procedimientos internos para seleccionar proyectos susceptibles de aplicar la Contribución Nacional de Valorización.
Entre ellos aparecen una matriz para la preselección de proyectos, una ficha de información técnica y una metodología para calificarlos. También se creó un procedimiento para socializar el cobro con los propietarios y comunidades involucradas.
Esto permitiría aplicar una metodología más estructurada a futuros proyectos de infraestructura nacional.
La contribución puede aprobarse antes, durante o hasta cinco años después del inicio de operación de un proyecto, según las modificaciones introducidas por la Ley 2294 de 2023.
¿Qué deben tener en cuenta los propietarios?
El nuevo esquema busca establecer cuánto corresponde pagar a cada inmueble de acuerdo con el beneficio generado por la infraestructura.
Por eso, el proceso requiere información predial actualizada y estudios técnicos que permitan establecer el área de influencia. También debe considerar las condiciones económicas y físicas de los terrenos.
La ANI señala que su procedimiento de distribución tiene como objetivo asignar la contribución de manera objetiva, equitativa y proporcional entre los predios beneficiados.
El debate sobre la valorización continuará en el Atlántico mientras avanza la aplicación de este mecanismo y se definen sus alcances para otros proyectos del país.