El presidente Abelardo De la Espriella pidió evaluar beneficios por corrupción para personas investigadas que colaboren con la justicia y entreguen pruebas sobre otros involucrados en hechos ilícitos.
La propuesta fue planteada durante la alocución presidencial del domingo 27 de septiembre, en la que el mandatario se refirió a investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Beneficios por corrupción y colaboración judicial
De la Espriella pidió a la justicia evaluar mecanismos de negociación contemplados en la legislación penal. Según su planteamiento, los investigados podrían acceder a beneficios si aportan información útil para esclarecer los hechos.
El mandatario también hizo un llamado a las personas privadas de la libertad, a los investigados y a quienes eventualmente sean procesados para que colaboren con las autoridades.
La propuesta contempla que quienes entreguen pruebas y aporten información relevante puedan acceder a un castigo atenuado, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la ley.
La eventual aplicación de estos beneficios por corrupción no depende directamente del Presidente. Corresponde a las autoridades judiciales determinar si se cumplen los requisitos legales en cada proceso.
El caso de Iván Name
El anuncio se conoció después de que el Consejo de Estado decretara la pérdida de investidura del expresidente del Senado Iván Name.
Durante su intervención, De la Espriella se refirió a esta decisión y la relacionó con su llamado a esclarecer hechos de corrupción y determinar las responsabilidades individuales de los involucrados.
El mandatario también se ha referido a investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos en entidades como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Fiduprevisora.
¿Qué puede pasar con la propuesta?
La propuesta presidencial no representa una concesión automática de beneficios para las personas investigadas.
Los mecanismos de negociación y colaboración deben tramitarse ante las autoridades competentes y cumplir los requisitos previstos en la legislación colombiana.
Por ahora, el planteamiento consiste en que la justicia evalúe estas alternativas para obtener información y pruebas que permitan avanzar en las investigaciones.