El proyecto de ley de sometimiento será presentado ante el Congreso en los próximos días, confirmó este martes el ministro de Justicia, Iván Cancino.
El funcionario señaló que actualmente el Gobierno ultima los detalles de la iniciativa. Cancino se reunió este martes en la Casa de Nariño con el presidente Abelardo De la Espriella para avanzar en el texto.
La propuesta busca establecer un marco jurídico para integrantes de organizaciones criminales que decidan abandonar sus actividades y someterse a la justicia.
El Gobierno ha señalado que la iniciativa no contempla negociaciones políticas con las estructuras criminales. Tampoco plantea otorgarles un estatus político.
¿Qué contempla el proyecto de ley de sometimiento?
Aunque el texto definitivo todavía no ha sido radicado, el ministro Cancino ha entregado algunos detalles sobre su contenido.
Entre las condiciones mencionadas aparecen la entrega de información, la desmovilización, el desarme y la reparación de las víctimas.
Los integrantes que busquen acogerse al mecanismo también deberán aportar información sobre cultivos ilícitos, personas desaparecidas y secuestradas.
Cancino también ha mencionado la entrega de información relacionada con hechos de corrupción y posibles vínculos políticos de las organizaciones criminales.
Rebajas de pena estarían condicionadas
El Gobierno también ha anticipado que el proyecto contempla beneficios judiciales para quienes cumplan las condiciones establecidas.
Según los detalles entregados por Cancino, los integrantes que no tengan posiciones de mando podrían acceder a rebajas de hasta el 50 % de la pena.
Para quienes ocupen posiciones de mando, el ministro ha mencionado una reducción de hasta el 30 %. Estas condiciones deberán quedar establecidas en el texto que llegue al Congreso.
La iniciativa todavía no tiene fuerza de ley. Primero deberá ser radicada, debatida y votada por el Congreso.
Gobierno descarta negociación política
Cancino ha insistido en que el mecanismo será diferente a un proceso de negociación política.
El ministro ha señalado que las organizaciones deberán decidir si se acogen a las condiciones fijadas por el Estado. La propuesta tampoco contempla, según sus declaraciones, un reconocimiento político de los grupos criminales.
El Gobierno también ha relacionado la iniciativa con su estrategia para combatir estructuras que mantienen actividades delictivas y control territorial.
El proyecto llegará al Congreso
La radicación abrirá una nueva discusión en el Congreso sobre el tratamiento jurídico de las organizaciones criminales.
Los congresistas deberán analizar el alcance de los beneficios, las obligaciones de quienes se sometan y las garantías para las víctimas.
También tendrán que revisar las disposiciones relacionadas con la entrega de bienes, la reparación y la información que deberán aportar los integrantes de las estructuras.
Por ahora, el Gobierno trabaja en la versión definitiva del proyecto. Cancino confirmó que la presentación ante el Congreso se producirá en los próximos días.