Human Rights Watch, la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, indicó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, como una medida de aseguramiento preventiva, “es una prueba clave para el imperio del estado de derecho en Colombia”.

“La detención domiciliaria de Uribe es la mayor prueba de fuego para el estado de derecho en Colombia en la última década,” señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, agregando que “El gobierno del presidente Duque y el Centro Democrático deben respetar la decisión y la independencia de la corte y garantizar que el expresidente Uribe se defienda a través de los mecanismos legales, no con amenazas de reforma judicial y acusaciones de sesgo ideológico que no tienen ningún fundamento”.

“Los ataques del Centro Democrático contra la Corte Suprema sugieren que el partido cree que su jefe está por encima de la ley”, sostuvo Vivanco.

La investigación por la cual la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe comenzó en febrero de 2018. En 2012, Uribe había denunciado penalmente al senador Iván Cepeda, acusándolo de haber recibido y difundido testimonios “fraudulentos” para implicarlo a él y a su hermano Santiago Uribe en atrocidades perpetradas por paramilitares en la década de 1990. La Corte Suprema rechazó por infundadas las acusaciones en contra del senador Cepeda y, en cambio, inició una investigación para determinar si Uribe había manipulado a testigos para que dijeran que el senador Cepeda les había ofrecido beneficios con el fin de implicar al expresidente.