El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado a las instituciones de Estado para que se superen las condiciones de vulnerabilidad de los campesinos y que se reconozcan sus potencialidades en la protección de los recursos naturales.

“Desde la Defensoría del Pueblo creemos que el diálogo social es clave para la gestión efectiva de los conflictos socioambientales, por eso, invitamos a fortalecer en todo el territorio nacional la concertación con el campesinado, para que los fines de conservación respondan a las lógicas comunitarias y a las realidades de cada territorio”, aseguró el Defensor del Pueblo.

En un evento realizado en Villavicencio, con líderes campesinos y autoridades de Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare, el Carlos Camargo Assis entregó el estudio ‘Situación de derechos humanos de comunidades campesinas en áreas de especial interés ambiental’, en el que se presenta un análisis sobre el goce de los derechos humanos del campesinado que históricamente habita en Parques Nacionales Naturales, Zonas de Reserva Forestal y Páramos.

“Estamos formulando una serie de recomendaciones a autoridades de orden local y nacional, encaminadas a que se garantice la interdependencia de los derechos humanos que tengan en cuenta la protección del medio ambiente y el reconocimiento de las comunidades locales tradicionalmente excluidas, cuya subsistencia está condicionada por el equilibrio de los ecosistemas presentes en estas áreas”, explicó Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo corroboró que los principales problemas que enfrentan las comunidades de esta región son: el conflicto armado interno, la concentración de la propiedad rural, los débiles niveles de gobernanza institucional, la estigmatización y la existencia de barreras de acceso a la participación ciudadana en la gestión ambiental y rural. Además, que un gran número de hombres y mujeres campesinas han sido expulsados de la frontera agrícola y viven en los bosques en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad.

En la actualidad, destaca el informe de la Entidad, los ecosistemas estratégicos ven amenazada su integridad por factores como la deforestación, presencia de actores armados ilegales, extracción ilegal de fauna y flora, acaparamiento de tierras, contaminación por residuos sólidos y líquidos, presencia de cultivos de uso ilícito y cambio climático, entre otros.

El Defensor del Pueblo recalcó que en el país deben adoptarse políticas y programas que tengan en cuenta a las comunidades campesinas, avanzando en la superación de las condiciones de vulnerabilidad de quienes habitan en áreas de especial interés ambiental, como es el caso de las comunidades de los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare.

“Estamos en un momento determinante, que demanda de las instituciones del Estado y de la sociedad en su conjunto, la protección de la diversidad natural y cultural de Colombia por tratarse de un imperativo categórico que sin duda contribuirá a la construcción de la paz territorial y al desarrollo sostenible. Pero las medidas de conservación deben incorporar la opinión de los campesinos para su bienestar y vida digna, se requiere concertar con las comunidades y sintonizar con ellos las regulaciones ambientales”, concluyó Carlos Camargo Assis.