Las declaraciones del Sargento José Dorado Córdoba, el pasado viernes 21 de junio, realizadas ante la JEP donde manifestó la “intención sistemática para exterminar a dirigentes de la izquierda colombiana por parte del Estado colombiano”; han causado conmoción entre los familiares de las víctimas mencionadas, así como en las organizaciones de víctimas y derechos humanos.

Con el ánimo de exigir a las entidades del Estado Colombiano la implementación de acciones inmediatas para la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente que Dorado Córdoba menciona en su testimonio y para la materialización de los derechos a la verdad y la justicia, familiares, organizaciones de derechos humanos y de víctimas enviaron una carta abierta al ministro de Defensa, Iván Velásquez; al presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal y a Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda a Personas dadas por Desaparecidas.

En la misiva manifiestan que el sargento del Ejército José Dorado Córdoba, quien trabajaba para una brigada de inteligencia del Ejército entre los años 1986 y 1997 y en la declaraciones a la JEP el exuniformado “da cuenta en sus declaraciones de una política sistemática para exterminar a dirigentes de la izquierda colombiana que ratifican lo que por décadas organizaciones de derechos humanos y de víctimas hemos planteado sobre la existencia de la violencia estatal. En sus declaraciones menciona las desapariciones forzadas y asesinatos de Manuel Cepeda, Pedro Movilla, Nydia Erika Bautista, Alirio Pedraza, Amparo Tordecillas, Eduardo Umaña, Guillermo Marín y José Miller Chacón”.  

Precisa que “las declaraciones de Dorado Córdoba son fundamentales para avanzar en los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los familiares de las personas mencionadas por él”.

Así mismo declaró “que mencionan el lugar donde estarían los cuerpos de personas que fueron desaparecidas forzadamente por el Estado como: Alirio Pedraza, Amparo Tordecillas y Pedro Movilla”. 

En la carta, los familiares piden “una acción diligente y articulada entre la JEP y la UBPD. De la primera exigimos que avance en las investigaciones y judicializaciones pertinentes relacionadas con las declaraciones de Dorado Córdoba para poder satisfacer los derechos a la verdad y la justicia de los familiares, obtener la información lo antes posible y con esto evitar nuevas obstrucciones a estos derechos. De la UBPD exigimos que priorice la búsqueda de los cuerpos lo más pronto posible para evitar que estos sean nuevamente desaparecidos y no extender el tiempo de zozobra de los familiares que ya cumple más de dos décadas”. 

Así mismo pidieron que “el ministro de Defensa se comprometa públicamente con facilitar la intervención de búsqueda de las instituciones competentes, así como adoptar medidas inmediatas para impedir cualquier alteración y obstrucción en la sede de la Escuela Logística y Batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional ubicado en la localidad cuarta (4a) de San Cristóbal en Bogotá”, donde se habría registrado las desapariciones forzadas.