Una encuesta de la Contraloría General de la República a 12.230 profesionales de la Salud en medio la emergencia por el Covid-19, realizada en los 32 departamentos del país, permitió determinar que cerca de la mitad de los encuestados (47%) ha tenido que adquirir con sus propios recursos implementos de seguridad como caretas de protección,
guantes, mascarillas quirúrgicas, respiradores N95, vestidos quirúrgicos, monogafas y polainas.

Estos encuestados manifiestan que han invertido entre 8 mil pesos y máximo 1
millón de pesos, en los implementos que han debido adquirir, en la siguiente cantidad:

El 63% de los encuestados manifiestan que deben tener más implementos que le garanticen mayor seguridad en la atención a los pacientes. Esto se presenta de forma repetitiva en los departamentos de: Antioquia, Santander, Caldas, Valle del Cauca, Boyacá, Cesar, Norte de Santander, Caquetá Casanare y Meta.

Otro resultado interesante es que el 92% de los encuestados asegura que no le
han practicado ninguna prueba para Covid-19.

La encuesta permitió también confirmar que las condiciones laborales del personal de salud en el país no son las mejores, destacó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

El 43% de los profesionales de la salud encuestados se encuentran desempeñando sus labores por contratos de prestación de servicio, tercerizados o en provisionalidad. Al 45% le han modificado las condiciones laborales (reducción de horas de trabajo y sueldos, entre otras) y el 22% manifiesta que el pago de sus honorarios no es puntual (en su mayoría les adeudan de 1 a 3 meses).

Los resultados de esta encuesta fueron revelados en un encuentro virtual
convocado por la CGR a manera de Mesa de Trabajo, en desarrollo del Programa “Transparencia para la Emergencia”, en donde participaron 12 sociedades científicas, junto a los Ministerios de Salud, Trabajo y Hacienda.