Garantizar el servicio de acueducto a la población más vulnerable, generar alivios financieros para los hogares en materia de servicios públicos, mantener la oferta de vivienda para los hogares que buscan tener casa propia y avanzar en la reactivación del sector edificador.

Estos fueron algunos de los objetivos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, se propuso cumplir durante la Emergencia Sanitaria y a lo largo del Aislamiento Preventivo Obligatorio.

A esto se suman iniciativas en materia de arrendamiento de vivienda, periodos de gracia para créditos de vivienda y leasing habitacional, congelamiento en las tarifas de acueducto, desinfección del espacio público y beneficios para los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), entre otros.

Reconexión gratuita del servicio de acueducto

El Gobierno se impuso la meta de reconectar gratuitamente al sistema de acueducto a 200 mil familias que tenían el servicio suspendido por falta de pago, con el fin de garantizar el servicio durante la emergencia sanitaria.

Este objetivo se superó ampliamente al lograr 303.123 reconexiones en todo el país al término de los primeros dos meses de la cuarentena, beneficiando a más de un millón de colombianos.

Congelamiento de tarifas

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno Nacional, durante la Emergencia Sanitaria y en lo corrido de los dos meses del Aislamiento Preventivo Obligatorio, se prohibió cualquier incremento en la tarifa de acueducto y alcantarillado, lo que significa un importante ahorro para los usuarios.

El marco tarifario les permite a empresas prestadoras incrementar la tarifa que le cobran al usuario por cuenta de un aumento tanto del nivel de precios como de sus costos operativos. Independientemente de lo que suceda con estas dos variables, la tarifa no podrá aumentar y estará únicamente en función del consumo que tengan los hogares.

Alivio económico para los hogares en el pago de servicios públicos

Además, el Gobierno implementó mecanismos no presenciales para que los prestadores y los usuarios pactaran acuerdos de pago de la deuda causada y por el consumo facturado durante los 60 días posteriores a la declaratoria de emergencia.

Las familias de estratos 1 y 2 que no puedan honrar sus obligaciones podrán diferir el valor de las facturas hasta por 36 meses, sin penalidades y con una tasa de interés del 0%. Por su parte, las familias de estratos 3 y 4 podrán diferir esos pagos en 24 meses, a un costo cero en términos reales y solo reponiendo el valor de la inflación.

Los demás usuarios podrán llegar a acuerdos de pago con el operador sin penalidades, fijando los términos y condiciones entre las partes.

Desinfección de zonas públicas

A estas medidas se suman las jornadas de lavado y desinfección del espacio público, como medida para prevenir contagios. A la fecha, 111 municipios han realizado desinfección del espacio público en puntos estratégicos de alta concurrencia. Desde que se inició la medida se han lavado 3’548.486 metros cuadrados de áreas.

Arancel cero en insumos para tratamiento de agua potable

Igualmente, se garantizó arancel cero durante 6 meses para insumos de potabilización de agua, lo que ha permitido dar continuidad a la operación de los sistemas y garantizar la adecuada prestación del servicio para los usuarios. En total, son 14 los insumos que cuentan con el beneficio de arancel cero, los cuales anteriormente tenían aranceles que oscilaban entre el 5% y el 10%.

Garantizar acceso a agua

Para garantizar el acceso al agua en los territorios, se permitió que los municipios pudieran utilizar los recursos del Sistema General de Participaciones para financiar medios alternos de abastecimiento como carrotanques, agua envasada o tanques colapsibles. Con esta medida, se busca darles recursos a los municipios para que puedan distribuir agua a las zonas más vulnerables.

Mecanismos de financiación para servicios públicos

Además de los alivios del Gobierno Nacional, se habilitaron varios mecanismos de financiación de los servicios públicos. En primer lugar, se aumentaron los subsidios máximos del 70% al 80% en estrato 1, del 40% al 50% en estrato 2 y del 15% al 40% en estrato 3.

En segundo lugar, se permitió que los entes territoriales puedan asumir el valor total o una proporción del valor de las facturas. Por último, se habilitó la posibilidad de realizar aportes voluntarios para financiar a hogares de estratos bajos a través de la factura.

Arrendamientos

En materia de arrendamientos, el Gobierno Nacional prohibió el desalojo de arrendatarios durante la emergencia y hasta el 30 de junio. Estableció, además, que en este lapso no se puede aumentar el valor de los cánones de arrendamiento, ni aplicar penalidades o cobrar intereses de mora en caso de llegar a acuerdos de pago.

Así mismo, determinó que los contratos de arrendamiento con fecha de vencimiento durante la emergencia se deben prorrogar automáticamente, salvo acuerdo entre las partes.

Con esto, se facilitó que arrendadores y arrendatarios en dificultades llegaran a acuerdos de pago que protegen a ambas partes.

Propiedad horizontal

Se habilitó el uso del fondo de imprevistos de las propiedades horizontales durante la emergencia, prioritariamente para el mantenimiento de los contratos de trabajo del personal empleado en la propiedad horizontal.

Igualmente, se establecieron las sesiones virtuales o aplazamiento de las asambleas de propietarios de conjuntos residenciales. Se determinó que no se pueden imponer sanciones por inasistencia a las mismas.

Alivios del FNA para sus afiliados más vulnerables

Para mitigar los efectos del covid-19 entre sus afiliados, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha otorgado alivios consistentes en periodos de gracia hasta por 6 meses a 52.743 créditos hipotecarios, por un valor de 2,2 billones de pesos. De estos, 38.686 han beneficiado a créditos de vivienda de interés social. Las ayudas se han orientado principalmente a la población más vulnerable.

Reactivación de la actividad edificadora

^{Foto: Ministerio de Vivienda}

Desde el 27 de abril se llevó a cabo el proceso gradual de reinicio de actividades del sector edificador. Según cifras de Camacol, se ha reiniciado actividades en el 84% de los 2.605 proyectos que se tenían en ejecución antes de la emergencia, bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

El proceso de reactivación se lleva a cabo en 143 municipios, distribuidos en 22 departamentos, donde se concentra más del 90 por ciento de la actividad edificadora del país.

Medios alternativos para la movilización de trabajadores del sector

Dentro de este proceso de recuperación de la vida productiva en el sector edificador, se destaca el aumento de los trabajadores que se movilizan a las obras en bicicleta, en moto o caminando.

Se estima que en el país más del 60% de los trabajadores se desplaza en estos medios de transporte alternativo, con lo cual se reduce la presión sobre los sistemas de transporte masivo, se evita aglomeraciones y se previene el riesgo de contagio.

Protocolos para el sector edificador

Los protocolos de bioseguridad para la construcción de edificaciones incluyen el uso de desinfectantes para el lavado de zapatos y espacios, la entrega de guantes, tapabocas y demás elementos de protección a los trabajadores. Así mismo, se han aplicado acciones como encuestas de seguimiento de síntomas y toma de temperatura al ingreso a la obra, para monitorear de cerca el estado de salud de los trabajadores. Para reducir aglomeraciones y garantizar el distanciamiento social, se establecieron turnos, distintos horarios y grupos de trabajo.

Igualmente, las medidas contemplan disponer de un supervisor por cada 100 trabajadores, así como estrictos controles sobre la indumentaria utilizada, teniendo en cuenta que una es la ropa que utiliza el trabajador en su desplazamiento y otra, la de trabajo.