Con el propósito de aunar esfuerzos en materia de fortalecimiento y prevención del daño antijurídico relacionado con la afectación de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado firmaron hoy un convenio para la divulgación y el seguimiento al cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este convenio hace referencia especialmente a asuntos relacionados con el acceso a información pública, buen nombre, derechos de personas privadas de la libertad, derechos de personas en especial sujeción del Estado y responsabilidad frente a personas protegidas por riesgos advertidos ante el Estado.

La firma del convenio interadministrativo n°. 057-2023 permitirá trabajar conjuntamente en el diseño de lineamientos jurídicos, herramientas y metodologías en las temáticas de interés para ambas entidades.

“Celebro la suscripción de este convenio de cooperación interinstitucional que hemos suscrito en la mañana de hoy con la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, que es la encargada de prevenir el daño antijurídico frente a cualquier situación donde esté involucrada la presunta responsabilidad del Estado colombiano”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Por su parte, la Directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora Ávila, manifestó que “la firma del convenio es el inicio de una tarea conjunta entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Defensoría del Pueblo, con el fin de esforzarnos como instituciones para el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en pro de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidad como Estado para la construcción de la paz”.

“Vamos a sumar esfuerzos que nos permita identificar e individualizar los distintos casos, que son de la mayor importancia, para hacer solicitudes de insistencia ante la Corte Constitucional”, puntualizó el Defensor del Pueblo.