En la Región caribe figuran los departamentos de Bolívar y Cesar
La Defensoría del Pueblo identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral que termina el próximo 29 de octubre, cuando se celebran los comicios regionales en todo el territorio nacional. Así lo revela la Alerta Temprana 030 del 2023, que da a conocer el mapa de riesgo y los generadores de violencia.
“Hemos emitido esta Alerta Temprana Electoral para que el Estado y toda la institucionalidad puedan prevenir escenarios de riesgo y conductas que vulneren los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en la presentación del documento de advertencia.
La Alerta Temprana revela que 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo: Nariño (17 municipios), Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (9), Antioquia y Caquetá (7 cada uno), Arauca y Huila (6 cada uno), Meta (5), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).
Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son Arauca (departamento de Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).
El equipo de la Defensoría del Pueblo también identificó que 286 municipios están en riesgo alto, 184 en medio y 93 en bajo, que sumado con lo de riesgo extremo, representan 676 municipios advertidos en 2023. Para estas elecciones aumentó 39% el número de municipios en riesgo en comparación con los comicios regionales de octubre del 2019, es decir, 274 municipios más.
El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha permitido identificar la presencia, tránsito o injerencia de los grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones. Entre los más relevantes están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado. Todos estos grupos se han expandido el 56% en las regiones del país y diversificado sus fuentes de financiación ilegal.
