En desarrollo del plan choque, Construyendo Seguridad, el Gaula de la Policía, en trabajo articulado con la Primera División del Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación, propinaron en horas de la madrugada un contundente golpe en contra del grupo armado organizado del ELN.

Fueron dos años de investigaciones e infiltraciones en contra de esta Red de Apoyo al Terrorismo ‘Subestructura Luis José Solano Sepúlveda’, perteneciente al ELN, los que permitieron recaudar suficiente material probatorio y evidencia física, para poder planificar el día de hoy en horas de la madrugada, 30 allanamientos de manera simultánea en diferentes sectores del departamento de Bolívar, entre los que se encuentran: los municipios Barranco de Loba, Norosí y Altos del Rosario; además de los corregimientos Pueblito Mejía, La Pacha y Buena Seña.

Entre las 17 capturas realizadas en este operativo de alto impacto, se encuentra la de Palomino Salas Dayris, conocido en el mundo criminal como “Picho”, cabecilla de la subestructura y siendo el coordinador de cobros extorsivos y homicidio selectivos a quienes se negaban a pagar, y quien es requerido por parte de la justicia por los delitos de: concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado.

Este criminal de 35 años de edad, coordinaba y ejecutaba los cobros extorsivos, además de dar la orden al personal bajo su mando, de generar presión para el pago de las exigencias económicas realizadas a los diferentes sectores, entre los que se encuentran: ganaderos, lecheros y agricultores, de las veredas y corregimientos de la jurisdicción.

La ‘Subestructura Luis José Solano Sepúlveda’, había logrado acumular tal poder en la región, que decidió declarar la guerra en contra del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, con el fin de tomar el control de la zona y quedar con el recaudo de dinero de la minería ilegal, narcotráfico y cobro de extorsión a comerciantes y ganaderos.

La Red de Apoyo al Terrorismo ‘Subestructura Luis José Solano Sepúlveda’, está conformada actualmente por aproximadamente 80 integrantes, manteniendo sus principales finanzas a través del autodenominado cobro de impuesto (renta criminal) al gremio de ganaderos, agricultores, comerciantes y las unidades productivas de minería, utilizando como fachada un supuesto impuesto por la seguridad en la región, para que los comerciantes puedan ejercer su actividad, cobrando sumas que oscilan de los 10 mil hasta los 10 millones de pesos, llegando a recaudar hasta 350 millones de pesos mensuales.
A esta Subestructura se le atribuye como autor material del asesinato del líder social Jorge Manuel Ortiz Hernández, quien fue ultimado en el municipio de Barranco de Loba, el pasado 17 de junio, por hombres armados que le dispararon en siete ocasiones.

De igual manera a este grupo armado organizado se le sindica del asesinato del minero Richard Navarro Rocha de 32 años, hechos ocurridos 10 días después del asesinato del líder social, siendo interceptado en el zona rural del municipio de Tiquisio, por miembros de esta subestructura quienes decidieron quitarle la vida.