La Procuraduría General de la Nación solicitó al Distrito de Barranquilla y al municipio de Soledad, Atlántico, constancia del cumplimiento de las directrices, normas de bioseguridad y medidas de prevención y control establecidas por el Gobierno nacional para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por sars-cov-2 (covid19).

Ante el incremento de los casos positivos durante los dos últimos meses en Barranquailla y Soledad, que posicionan al departamento de Atlántico como el de mayor crecimiento en número de contagios y fallecidos en el país, el ente de control requirió a través de una acción preventiva de vigilancia y seguimiento la elaboración y aplicación obligatoria de los protocolos de bioseguridad e información sobre los cadáveres confirmados o por sospecha de la covid19.

En carta dirigida al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, y al alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales, el Ministerio Público solicitó la creación de una plataforma informativa con datos estadísticos veraces, con actualización diaria, que informe sobre los fallecidos que sean sospechosos o portadores del virus, con el fin de minimizar el riesgo de transmisión al personal que labora en las Empresas Sociales del Estado Prestadoras de Servicios de Salud (ESE), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), autoridades judiciales, ciencias forenses, servicios funerarios, cementerios y otros actores que se involucren en la cadena de manipulación de cadáveres.

Así mismo, pidió el establecimiento de una ruta de coordinación y articulación interinstitucional, la adquisición de cabinas de bioseguridad para el manejo, traslado y disposición final de los cadáveres, y la capacitación en coordinación con los servicios funerarios y cementerios para su manipulación.

Las alcaldías también deberán informar sobre el funcionamiento de su plan de contingencia, que debe identificar el inicio de la ruta de manipulación de los cuerpos, el tipo de transporte, la disposición final de los mismos: inhumación, entierro en bóveda o en tierra, y la habilitación de un lugar de respaldo para los cadáveres por sospecha o confirmación de la covid 19 en caso de que la cantidad de muertes aumente y la capacidad de los cementerios de la ciudad y el municipio llegue al límite.

Por último, la Procuraduría requirió información acerca de la implementación y aplicación obligatoria de protocolos mediante decretos distritales y demás documentos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para evitar poner en riesgo el medio ambiente, la seguridad de los profesionales de salud, pacientes, personal administrativo, usuarios y a la población barranquillera y soledeña en general, por falta de normas y articulación efectiva.