La institución nacional garante de los derechos humanos insta al Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como también a mandatarios departamentales y locales del Atlántico, Magdalena y La Guajira, a propender por soluciones efectivas y hacer cumplir el régimen constitucional y legal en el servicio prestado por el operador Air-e.

Luego de que el Gobierno Nacional, entes departamentales y locales del Caribe y la empresa Air-e acordaran la suspensión de los cortes de energía entre agosto del 2024 y enero del 2025, particularmente en los barrios subnormales y de difícil gestión de municipios del Atlántico, Magdalena y La Guajira, la Defensoría del Pueblo le hará un detallado seguimiento a lo pactado.

Los cortes de hasta ocho horas diarias que venía haciendo el prestador del servicio de energía eléctrica vulneraban los derechos fundamentales de las comunidades, como a la vida por conexidad con la salud; por ejemplo, para los usuarios de establecimientos hospitalarios y clínicos y las personas electrodependientes en sus respectivas viviendas.

Era una acción a todas luces inconstitucional, sobre todo porque tener acceso al servicio no es un privilegio, sino una condición, además, para el disfrute necesario de una serie de derechos a partir de la conservación de alimentos, la climatización de espacios, la iluminación, el acceso a la educación, entre otras actividades indispensables en el día a día.

A propósito del preocupante panorama, en visita misional hecha por el Defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina, y una comitiva especializada del nivel central de la institución al departamento de La Guajira, las comunidades insistieron en manifestar sus inconformismos por las deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Por tal motivo, la entidad espera que en el curso de los próximos meses la empresa Air-e y las autoridades del ramo logren establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar soluciones estructurales, a fin de que garanticen un servicio adecuado a las necesidades de la población.

Así mismo y dado que los cortes han desencadenado en protestas y bloqueos en vías, lo cual ha derivado en la exacerbación de la conflictividad social, como también ha afectado varios renglones de su vida a parte de la población en la zona norte del país, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la participación de gobernadores y alcaldes, a propender por soluciones efectivas y reales y hacer cumplir el régimen constitucional y legal en la prestación del servicio hecho por Air-e.

La entidad reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los colombianos y de quienes habitan en todo el territorio nacional, razón por la que igualmente considera oportuna la implementación de mecanismos de verificación transparentes, que lo acordado recientemente entre el Gobierno Nacional y el prestador privado, luego de dos días de deliberaciones en la capital del país, no se quede en el papel y anuncios mediáticos.

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