La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para La Paz ordenó a la Policía Nacional, a la Interpol, a la Dijín y a la Registraduría Nacional que elimine los antecedentes judiciales de 9.600 firmantes de paz de las extintas de Farc-EP que recibieron amnistías de iure otorgadas por decreto de la Presidencia de la República por delitos políticos cometidos durante el conflicto armado.
En esta decisión, la SAI ordena materializar los efectos de los beneficios jurídicos de los firmantes de paz y garantizar su reincorporación de manera eficaz.
Los firmantes de paz que recibieron estas amnistías, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, no están vinculados con crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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