La corte constitucional tumbó la resolución con la que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) había dado el visto bueno al Plan de Manejo Ambiental que presentó la policía nacional, para erradicar cultivos ilícitos utilizando el glifosato.

La decisión de la corte se dio al estudiar y darle la razón a una tutela que decía que el proceso de creación del Plan de Manejo Ambiental no se consultó a las comunidades donde se implementaría el uso del glifosato, para la aspersión aérea de cultivos ilícitos.

Ese tribunal concluyó que se desconocieron los derechos de participación de las comunidades en residen en los municipios donde se aplicará este plan como en el departamento de Caquetá y Nariño.

La Corte le dio plazo de un año a la autoridad ambiental y al gobierno para que adelanten un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas que se encuentran asentadas en las regiones donde se utilizaría el glifosato para la aspersión aérea.

Ese plan de manejo ambiental se iba a aplicar en 104 municipios de 14 departamentos entre ellos Meta, Guaviare, Vichada, Putumayo, Cauca, Antioquia, y Bolívar.