El hallazgo del Ministerio Público, incluye 120 contratos que pese a estar deshabilitados por haber hecho aportes por encima del 2% del tope establecido, recibieron convenios.

De acuerdo con la Procuraduría, 18 financiadores de campañas electorales llevadas a cabo entre el año 2015 y el 2019, recibieron contratos de 15 alcaldías y tres gobernaciones del país, a cambio de su participación financiera en dichas contiendas.

Serían 52 contratos que suman 5.831 millones de pesos, lo que representa un regreso de ingresos a los aportantes del 939, 5% frente a los 620 millones de pesos que entregaron en sus aportes financieros.

Las gobernaciones implicadas en este hallazgo son las del departamento del Atlántico, Boyacá y Vichada.

En cuanto a las alcaldías: Itagüí y Argelia (Antioquia), Buga (Valle del Cauca), Puerto Rico (Caquetá), Piamonte (Cauca), Pueblo Bello (Cesar), Támesis (Antioquia), Villa de Leyva (Boyacá), Montelíbano (Córdoba), Maceo (Antioquia), Barbosa (Antioquia), Carmen de Viboral (Antioquia), Consacá (Nariño), Repelón (Atlántico), celebraron contratos con financiadores presuntamente inhabilitados.

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, afirmó que los mandatarios territoriales que celebraron estos contratos serán investigados y agregó que están obligados a terminar este tipo de convenios establecidos sin importar el estado en el que se encuentren.