Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, intervino en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, para evaluar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1085 del 2 de julio de 2023, con el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira.
“Factores ambientales, escasez de agua potable, deficiencia alimentaria y nutricional, mortalidad infantil, entre otros, manifestados previamente en nuestros informes defensoriales sobre lo que vive el departamento, han desencadenado una problemática estructural que, con el paso del tiempo, se ha agudizado”, señaló el Defensor del Pueblo de los colombianos.
Camargo, también manifestó que, si bien el cambio climático y el fenómeno del Niño agravan la situación, la problemática que sufre el Pueblo Wayúu en La Guajira, es causada por el abandono estatal que se traduce en la ausente y defectuosa infraestructura de servicios.
El Defensor del Pueblo indicó que, de las 27 comunidades visitadas, solamente una, Media Luna Jawao, cuenta con una solución integral para el suministro del agua, seis tienen sistema de potabilización en funcionamiento y 19 se abastecen de jagüeyes o pozos de agua salobres. El acceso al agua es limitado, lo que, en consecuencia, no está siendo garantizado.