Con decisiones que demuestran la depuración del sistema de salud y la dignificación del trato para millones de usuarios, la Superintendencia Nacional de Salud realizó hoy la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al último año de gestión.

Durante el evento, el Superintendente Fabio Aristizábal Ángel aseguró que, después de cuatro años de gestión, deja un sistema fortalecido, con muchos avances en materia de aseguramiento y de prestación de servicios. “Desde nuestra llegada a la Superintendencia sabíamos que no iba a ser fácil enderezar el camino, pero luego de un intenso trabajo podemos decir que recuperamos el rumbo de la salud porque le dimos prioridad a las necesidades de los usuarios.

Dejamos un sistema depurado y fortalecido”, señaló. Como balance de la gestión desarrollada entre julio de 2021 y junio de 2022, la Supersalud ordenó la liquidación de las EPS Comparta, Coomeva y Medimás, así como la toma de posesión y la intervención forzosa para administrar sobre la EPS Emssanar.

Con estas medidas, totalizan 14 las EPS que se encuentran en proceso de liquidación por poner en riesgo tanto la vida de sus afiliados como la estabilidad financiera de sus redes de prestación. En materia de protección al usuario, la Superintendencia atendió 2,4 millones de gestiones realizadas en el último año. De estas, 1.128.122 correspondieron a peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) y las restantes 1.306.400, a solicitudes de información. Sobre este indicador, en los últimos cuatro años se han atendido más de 7 millones de PQRD, un crecimiento significativo con relación al anterior cuatrienio, que fue de 3.1 millones.

“El que hoy acudan más a la Supersalud significa que logramos acercar la Superintendencia a la ciudadanía, que hoy nos conocen más y que nos creen, porque estamos del lado de los usuarios”, aseguró Aristizábal Ángel.

Esta mayor atención por los canales también se debe, en buena medida, a la ampliación del Centro de Contacto a 386 agentes durante las 24 horas y los siete de la semana. De manera presencial, se habilitaron 80 puntos de atención y se realizaron 87 diálogos con la comunidad en los 32 departamentos, con la presencia del Superintendente, quien escuchó las necesidades de los usuarios y ayudó en su pronta solución.

El 97% de los casos expuestos en estos encuentros fueron resueltos. Una de las acciones de mayor impacto para el bienestar de los usuarios fue la depuración que se realizó del sistema de aseguramiento, que significó el traslado de 9 millones de afiliados a EPS receptoras donde hoy cuentan con mejores condiciones de acceso y atención.

3,3 billones de pesos para IPS

Otro pilar en el que actuó la Supersalud fue oxigenar las finanzas de la red pública y privada de prestación, a través de las mesas de flujo de recursos y las jornadas de conciliación. En el último año estos escenarios permitieron recuperar cerca de un billón de pesos, pero a lo largo de estos cuatro años se beneficiaron más de 15.000 instituciones prestadores de todo el país, con recursos por cerca de 3,3 billones de pesos.

Así mismo, el Superintendente resaltó el proceso de recuperación de 21 hospitales públicos. Tres de ellos fueron devueltos a las administraciones departamentales y 17 se encuentran en medida de intervención forzosa y uno bajo vigilancia especial. “Los resultados se sienten en una red de atención robustecida para los usuarios, en los hospitales intervenidos”, destacó el funcionario.

Durante esta pandemia el trabajo articulado entre los gobiernos nacional, departamentales y municipales con los agentes interventores designados por la Supersalud y el sector privado, permitió un aumento de 232 a 645 camas en Unidades de Cuidados Intensivos. Por último, en materia de control para la actual vigencia, la Superintendencia emitió 313 sanciones a los vigilados por más de 24.000 millones de pesos y se encuentran en curso otras 715 investigaciones.