La Procuraduría General de la Nación requirió información a 40 gobernaciones y alcaldías del país sobre la ejecución de los recursos destinados para la expedición del certificado de discapacidad para las víctimas del conflicto armado.

En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz realizó la solicitud a los mandatarios locales para verificar el estado en el que se encuentra el trámite, pues ese documento es esencial para que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- les otorgue la indemnización administrativa por la ruta prioritaria. 

En la comunicación enviada, el órgano de control resaltó que el cumplimiento del proceso es de vital importancia para garantizar a las personas con discapacidad que son víctimas del conflicto armado, el goce efectivo de sus derechos y el respeto por su dignidad.