La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Inpec, a la Uspec, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la Gobernación del Valle y la alcaldía de Tuluá, evaluar el sellamiento de la estructura antigua de la cárcel del municipio para garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad.
Javier Sarmiento Olarte, Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que de manera preliminar se pudo establecer que puede estar afectada la construcción con ocasión del incendio que dejó 51 reclusos muertos el pasado 28 de junio.
“Es una estructura que data de 1972 que no cuenta con los estándares mínimos de lo que se denomina vida en reclusión”, precisó el Procurador Delegado.
