La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios de la Corporación Autónoma Regional Cesar (CORPOCESAR), por posibles anomalías en un saldo pendiente por la sobretasa ambiental a cinco municipios del Cesar.
El Ministerio Público verifica la información de la auditoria financiera de la Contraloría General de la República a la Corporación, en la que se asegura que, a 31 de diciembre de 2022 hay una deuda de $ 1.352.157.972, por concepto de la gestión de cobro para los programas de protección y restauración del medio ambiente.
La presunta deuda corresponde a los municipios de Chiriguaná por $ 432 millones, El Copey por $28 millones, Pelaya por $16 millones, San Alberto por $353 millones y Valledupar por $ 528 millones.
De esta manera, la Procuraduría corrobora los funcionarios que habrían realizado las conductas denunciadas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria.