Procuraduría generó una alerta al alcalde Jaime Pumarejo por la realización de LaLexpo 2022 en Barranquilla

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La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, en el marco de las funciones preventivas asignadas en el artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, exhortó al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo a priorizar las acciones de protección de los derechos humanos de la comunidad barranquillera, por encima de cualquier otro interés de carácter económico.

“Lo anterior, teniendo en cuenta, que he conocido por los medios de comunicación el posible permiso que la Alcaldía de Barranquilla pueda brindar para que en esta ciudad se desarrolle el Congreso LaLexpo, Latin America Adult Business Expo, el cual pretende reunir varias empresas que se dedican al entretenimiento para adultos a través de la poenoografía en línea y vía webcam”, se lee en una carta abierta del ministerio público al mandatario distrital.

En días pasados la ciudad de Cartagena negó dicho permiso, ante la petición de miles de ciudadanas y ciudadanos de que la ciudad heroica no se convierta en el centro de reunión de estas empresas, “puesto que ello en nada contribuye a luchar contra la explotación sexual que tanto ha afectado a Colombia y a diferentes ciudades de nuestro país”, se lee en el documento.

De acuerdo con la Procuraduría, es claro que ciudades como Barranquilla, Cúcuta, Manizales, Bogotá, Armenia y Medellín, entre otras, tienen altísimas problemáticas asociadas a la comisión de delitos de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres, donde las principales víctimas son las poblaciones vulnerables por su situación de pobreza, migración, desplazamiento, pertenencia étnica, o sin entorno protectores fortalecidos, razón por la cual las autoridades públicas en virtud de lo establecido en la Constitución Política de Colombia’, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y su Recomendación No. 38 de 2020, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Belém do Pará, al igual que las leyes 985 de 2005, 1098 de 20067, 1257 de 2008″, y 1336 de 2009, entre muchas otras-, tienen la obligación y el deber de prevenir eficazmente la comisión de estos hechos que terminan por vulnerar la dignidad humana de quienes la padecen.

En este sentido, la Procuradora Delegada hizo un llamado a reflexionar sobre ¿qué contribución y qué mensaje se da a la sociedad, con el hecho de promover, apoyar o respaldar estos eventos, en el propósito de avanzar de manera decidida en la garantía de derechos, la eliminación de la trata de personas y la explotación sexual, o para luchar contra los más de 23 mil casos de diferentes formas de violencias sexuales que ocurren en nuestro país en contextos educativos, familiares, deportivo, comunitarios, laborales.

“Aunado a esto, no debemos perder de vista que las páginas de pornografía en muchas ocasiones alojan contenidos donde se evidencian violaciones grabadas de niñas, niños y adolescentes de todas partes del mundo, o de personas mayores simulando ser personas menores de edad, generando graves impactos en las personas, muchas de ellas jóvenes y en pleno desarrollo de su sexualidad, que interiorizan estos contenidos violentos, racistas, discriminadores y que transgreden claramente la dignidad humana”, destaca la funcionaria.