El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación a pagar millonarias indemnizaciones al excandidato presidencial, actual senador y principal líder de la oposición, Gustavo Petro, y a su familia, por las llamadas “chuzadas”, hechas durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hoy detenido por otro proceso judicial.

La decisión también cobija a la periodista Claudia Julieta Duque, víctima de seguimientos, amenazas y secuestro desde 2001, tras realizar una investigación sobre la muerte del periodista y humorista Jaime Garzón, asesinado en 1999 en Bogotá.

En el caso de Petro, el Tribunal declaró “administrativamente y extracontractualmente responsable al (desaparecido) Departamento Administrativo de Seguridad (…) al Departamento Administrativo de la Presidencia y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) por el daño antijurídico” ocasionado a Petro y a su familia.

Estos organismos deberán indemnizar a Petro con un total 100 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, unos 88 millones de pesos.

El líder de la Colombia Humana, al conocer el fallo, trinó en su cuenta de Twitter: “Acaba de fallar el Tribunal Administrativo Cundinamarca, a mi favor y (al de) mi familia. El Tribunal Administrativo dice que hubo un concierto entre el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, Policía Secreta), la UIAF y la Presidencia de la República para perseguirnos en los años 2006 y 2009”.

Entre tanto, en el caso de Claudia Julieta Duque, esta fue objeto de amenazas y seguimientos por parte de desconocidos, que se derivaron de una investigación conjunta con la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR, de derechos humanos) sobre el asesinato de Jaime Garzón.

En 2009, Duque manifestó haber recibido llamadas de funcionarios del DAS, en las que se amenazaba a su hija, por lo que se vio obligada a abandonar Colombia en esa época.

El Tribunal determinó que el Estado deberá pagar a la periodista el valor de 500 salarios mínimos mensuales vigentes, unos 438 millones de pesos.

“Es una sentencia histórica para el periodismo independiente, la libertad de expresión, la posibilidad de investigar graves crímenes y violaciones de DD.HH., y como una reivindicación fundamental de mi verdad, y con el propósito de reparar integralmente casi una década de persecución, ataques ilegales, exilios y torturas sicológicas”, dijo la periodista.