Los patrulleros Harvy Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, vinculados en el homicidio de Javier Ordóñez, ocurrida el pasado 9 de septiembre, en el noroccidente de Bogotá, se declararon inocentes ante la Juez 29 con función de control de garantías.

En audiencia virtual y de manera reservada, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y tortura agravada, luego de que, en la madrugada de este sábado, la delegada de la Rama Judicial declarara legal los allanamientos y procedimientos que dieron con la captura de los uniformados.

Aunque se preveía que la diligencia sería pública, por solicitud de la Fiscalía, apoyo del Ministerio Público y abogados defensores, la juez declaró que fuese reservada. En un comunicado emitido este sábado la juez notificó la determinación.

“La juez 29 penal con función de Control de Garantías ordenó la no publicidad de la continuación de las audiencias concentradas (…) determinación adoptada ya que el representante de la Fiscalía, elevó solicitud de continuar con las audiencias concentradas de forma reservada”, dijo la delegada.

Si bien, el más reciente fallo de la Corte Constitucional da cabida a que los medios de comunicación accedan a dichas diligencias, salvo cuando haya un menor de edad de por medio, sea de seguridad nacional, se ponga en peligro a las víctimas o esté en riesgo la investigación, la juez consideró que esta última actuación se podía ver viciada.

“La titular del despacho accedió a la petición toda vez que encontró justa causa, en la medida que los hechos son recientes, aún la Fiscalía está en recaudo de elementos materiales probatorios y en las diligencias subsiguientes se va a realizar descubrimiento probatorio, lo que puede comprometer el éxito de la investigación”, argumentó en el documento emitido.

Así las cosas, con la explicación y la determinación de la juez, esta continuó con las diligencias y en el marco de la misma, los abogados de los policías no escatimaron en intervenir para plantear un posible conflicto de competencias, es decir, su intención es que la Justicia Penal Militar conozca del proceso.