La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, indicó que los particulares que contribuyan a ocasionar un daño al patrimonio público pueden ser declarados fiscalmente responsables, así no administren recursos o fondos del Estado cuando guarden “un vínculo de conexidad próxima y necesaria respecto al ejercicio de la gestión fiscal”.

En concepto enviado a la Corte Constitucional, señaló que la finalidad primordial de la vigilancia y el control fiscal es preservar el patrimonio público, por lo que, en principio, no es relevante la naturaleza de la persona que realiza las acciones que causan el daño a los bienes del Estado, sino el resarcimiento de este.

“Para la Procuraduría es claro que las normas constitucionales contemplan un sistema de control y vigilancia fiscal dirigido a salvaguardar el patrimonio público, el cual no solo tiene cobertura sobre los funcionarios públicos que ostentan la calidad de gestores fiscales, sino que también se extiende sobre los particulares, incluso si no tienen dicha condición”, sostuvo la jefe del Ministerio Público.

Advirtió que “en cada caso se impone examinar si la respectiva conducta guarda alguna relación para con la noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia”.