El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, le acaba de reportar a un juez de ejecución de penas del juzgado 26 que “la tramitadora” se fugó, de su detención domiciliaria, beneficio que gozaba desde abril del 2020, cuando “La señora jueza le concedió la detención domiciliaria porque consideró que fueron ampliamente superados los fines esenciales de la medida de aseguramiento, adicionalmente Claudia ya no representa un peligro para la sociedad, no va a obstruir la justicia, habida cuenta que ya no tiene ningún contacto al interior del INVIMA, todos ellos ya fueron capturados” había dicho su abogada Ahalia Quintero. Además, en la notificación, se solicitó que se le quite la prisión domiciliaria y que se emita una orden de captura en contra de ella.
Peñaranda ya había aceptado los delitos de falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público en calidad de partícipe, cabe recordar que ella fue señalada de ser el enlace principal entre los exfuncionarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y los clientes que se beneficiaron de la obtención de registros sanitarios adulterados. Uno de los casos de mayor relevancia en este escándalo es el de la empresaria Stella Durán, con quien, de acuerdo con la Fiscalía, habrían montado un “INVIMA paralelo”, para vender productos fitoterapéuticos y cosméticos de manera fraudulenta.
En el 2018 la Fiscalía General demostró que existía una red de corrupción en el INVIMA, que agilizaba la expedición y falsificación de registros sanitarios, lo cual permitió que colombianos adquieran medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza sin inspecciones científicas. Según la investigación, la red se encargaba de agilizar la expedición de registros sanitarios para que los productos salieran al mercado, mientras que los funcionarios de la red habrían falsificado varios de estos documentos, “lo cual ha permitido que los colombianos adquieran estos elementos sin conocer su composición real, lo que representaría un atentado contra la vida de los consumidores”, aclaró la Fiscalía.
La entidad encontró que al parecer habían 14 personas involucradas en este proceso, por eso, se emitió una orden de captura a los implicados. Entre los capturados se encontraban, 12 trabajadores de la entidad.
Claudia Peñaranda registró un incremento patrimonial injustificado de 12 millones de pesos según el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía. De ese dinero ya entregó a las autoridades judiciales 6 millones. “es parte de su arrepentimiento ofrecer disculpas públicas y la reparación a las víctimas”, dijo la abogada Quintero.
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