En comunicación enviada a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, la Procuraduría General de la Nación reiteró a esa corporación, la solicitud hecha desde agosto de 2021 para abrir un macrocaso que abarque y centre los esfuerzos de investigación en hechos de violencia sexual y reproductiva ocurridas en el conflicto armado colombiano.
Para el Ministerio Público, muchos sucesos de esta clase aún no han sido priorizados ni seleccionados por la JEP, a pesar de su gravedad. Esto exacerba la invisibilidad del fenómeno.
“Todos los actores armados, legales e ilegales, han cometido diversas formas de violencia, motivados por la discriminación basada en el género y originadas en la sexualidad de las víctimas”, se explica en la solicitud.
Los cuatro procuradores delegados ante la JEP que firmaron la misiva, aseguran que además del acceso carnal o violación, se presentaron otros vejámenes graves contra niñas, mujeres y personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas que no están siendo investigados.
“Han transcurrido varios meses desde que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, SRVR, reconoció que en el marco del conflicto armado las violencias por prejuicio fueron centrales para los proyectos de dominación que establecieron los actores armados en el territorio; no obstante, no se ha priorizado aún el macrocaso 11” asegura la carta.
Finalmente señaló en su comunicación que el enfoque diferencial es uno de los estándares que rigen el funcionamiento de la JEP, y bajo este, debe darse énfasis a las necesidades de las víctimas mujeres, niñas y niños, quienes sufren de una manera desproporcionada y diferenciada los efectos de las graves infracciones y violaciones cometidas con ocasión del conflicto.
Luego de analizar todos los antecedentes normativos y legales, los informes de las víctimas y de instancias como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Procuraduría concluyó que la SRVR, debe priorizar el macrocaso de violencia sexual y violencias basadas en género, como consecuencia necesaria de aplicar taxativamente sus propios criterios de priorización.
