El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación penal por el denominado Pacto de Valledupar, relacionado con presuntas reuniones entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y antiguos jefes paramilitares en octubre de 2025.
En una carta enviada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el funcionario solicitó establecer si esos encuentros ocurrieron, quiénes participaron y cuáles fueron sus objetivos. También pidió verificar si existieron presiones u ofrecimientos de beneficios judiciales a cambio de declaraciones contra dirigentes políticos.
La solicitud se produjo después de las declaraciones públicas de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y de versiones divulgadas por el periodista Melquisedec Torres y el abogado Juan Carlos Villamizar, quien afirmó haber presenciado los encuentros.
¿Qué se investiga sobre el Pacto de Valledupar?
Según las versiones conocidas públicamente, las reuniones habrían tenido lugar entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en Valledupar. En ellas, presuntamente, se habría solicitado a antiguos jefes paramilitares formular señalamientos contra el entonces expresidente Álvaro Uribe, el actual presidente Abelardo De la Espriella y el fallecido dirigente político Germán Vargas Lleras.
Rodríguez sostuvo que recibió la instrucción de coordinar uno de esos encuentros. Por su parte, Villamizar afirmó que los asistentes habrían recibido solicitudes para declarar contra esas figuras políticas.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso también se pronunció sobre el caso y aseguró que delegados del Gobierno les hicieron esa petición. Según su versión, los antiguos comandantes se negaron a participar en lo que describió como una campaña de desprestigio.
Estas afirmaciones forman parte de las denuncias que el Ministerio de Justicia pidió verificar. Su contenido deberá ser contrastado por las autoridades mediante pruebas y testimonios.
¿Qué le pidió Iván Cancino a la Fiscalía?
El ministro solicitó esclarecer quién convocó las reuniones, qué instrucciones se transmitieron y si existieron promesas de beneficios judiciales, libertades, traslados o mejoras en las condiciones penitenciarias.
También pidió determinar si alguien promovió la presentación de declaraciones o pruebas falsas ante autoridades judiciales o administrativas. Otro punto consiste en establecer si se utilizaron recursos públicos o mecanismos de justicia transicional para fines ajenos a los previstos por la ley.
Cancino pidió revisar si estos hechos ya hacen parte de una indagación de la Dirección Especializada contra la Corrupción o si corresponde abrir una línea investigativa específica.
Entre las conductas que podrían examinarse mencionó la falsa denuncia contra persona determinada, el falso testimonio, el soborno y el fraude procesal. La posible configuración de estos delitos dependerá de los elementos que recopile la Fiscalía.
Gustavo Petro rechazó los señalamientos
El expresidente Gustavo Petro negó haber ordenado que se presionara a antiguos jefes paramilitares para que declararan contra Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras.
Petro pidió que se investiguen los hechos y sostuvo que no se puede atribuir responsabilidad a una persona únicamente por las afirmaciones de terceros. También reclamó que las decisiones se tomen a partir de pruebas.
Por ahora, la petición del Ministerio de Justicia busca que la Fiscalía establezca qué ocurrió durante las reuniones y si hubo conductas con relevancia penal. La solicitud no constituye una declaración de culpabilidad contra las personas mencionadas.