La captura de Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Kily’, fue legalizada por un juez, en medio de una investigación por el presunto delito de acto sexual violento en circunstancias de agravación punitiva. El empresario, de 60 años, fue detenido el martes 20 de octubre en el norte de Barranquilla mediante una orden judicial.
La diligencia fue adelantada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Colombia. El proceso penal continúa bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.
¿Por qué investigan a ‘Juancho Kily’?
La investigación está a cargo de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía Seccional Atlántico.
De acuerdo con la información conocida, los hechos investigados habrían ocurrido el pasado 2 de octubre en un inmueble del sector de Pradomar, en el municipio de Puerto Colombia.
La denuncia señala que una adolescente habría sido llevada por la fuerza hasta una oficina, donde presuntamente se produjo el hecho que ahora es materia de investigación judicial.
Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer las posibles responsabilidades penales.
Fiscalía analiza videos y otros elementos de prueba
Entre los elementos probatorios recopilados se encuentra un video de una cámara de seguridad del predio donde funciona el establecimiento Kilymandiaro, ubicado en Pradomar.
Este material hace parte de las pruebas que analiza la Fiscalía dentro de la investigación. También se adelanta la recopilación de testimonios y otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido.
Según la información conocida, la adolescente habría salido de la oficina y posteriormente se habría comunicado con sus familiares para relatar lo ocurrido.
La Fiscalía continúa con las actuaciones correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del caso.
¿Qué significa la legalización de captura?
La legalización de la captura es una actuación judicial mediante la cual un juez revisa si la detención se realizó conforme a los requisitos legales.
Esta decisión no determina por sí misma la responsabilidad penal de la persona investigada ni equivale a una condena.
El caso de Juan Fernando Álvarez Torres continúa en manos de las autoridades judiciales, que deberán evaluar los elementos de prueba y adoptar las decisiones correspondientes durante el proceso.
Mientras avanza la investigación, se mantiene la presunción de inocencia del empresario. La responsabilidad penal solo podrá establecerse mediante una decisión judicial en firme.