La inseguridad es causante de la crisis de Derechos Humanos en el país

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La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, aseguró que la inseguridad que se vive actualmente en el país por cuenta del fortalecimiento de diferentes organizaciones multicrímen, es la causa principal de todas las violaciones a los Derechos Humanos.

 

Durante su encuentro con Roberta Clarke, Presidenta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó que al menos 10 departamentos se encuentran en una seria crisis de violencia, relacionada con la injerencia de esos grupos armados en negocios como minería ilegal, extorsión, tráfico de migrantes y trata de personas con fines sexuales, tan rentables para ellos que han desplazado al narcotráfico como su actividad ilícita principal y se han extendido hacia las ciudades capitales.

La Procuradora puso como ejemplo los enormes rendimientos que está generando la minería ilegal a los grupos que la controlan, más de 10 billones de pesos al año, según la Unidad de Análisis Financiero, UIAF.

“Observamos con preocupación que los grupos al margen de la ley se están aprovechando de las negociaciones de Paz Total para fortalecerse logísticamente en armamento y ampliar su presencia en territorio”, afirmó.

La jefe del Ministerio Público agregó que, a pesar de múltiples requerimientos hechos al Gobierno Nacional frente a la ausencia de una estrategia para el control territorial, persisten hechos lamentables como asesinatos de gobernantes, hurtos, secuestros y extorsiones; candidatos en pleno proceso electoral amenazados y líderes sociales asesinados.

También dio cifras sobre las afectaciones por parte de estos grupos en ciudades capitales como Bogotá, Barranquilla y Cali, donde entre 2020 y 2024 se destacan 245 hechos victimizantes (115 homicidios, 36 tentativas de homicidio, 31 amenazas, 14 casos de extorsión y 10 actos terroristas), según reporta el Mecanismo de Monitoreo de la JEP.

Finalmente, calificó la situación actual de inseguridad como un retroceso de décadas, con grave impacto en la garantía y materialización de los diferentes derechos de la población colombiana.