El Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, aseguró que el interés principal del Gobierno del Cambio es fortalecer la confiabilidad, credibilidad y presencia visible y funcional del Estado en La Guajira, por lo que la estrategia del “Gobierno con el pueblo” -que se implementa desde el lunes pasado en este departamento y que irá hasta el próximo sábado- apunta, desde el sector salud, a poner en marcha el componente de medicina preventiva planteado ya en el proyecto de reforma al sector que cursa en el Congreso.
“Queremos disminuir la mortalidad materna y no podemos permitir que sigan ocurriendo muertes de niños menores de cinco años por desnutrición. Esos son los dos principales frentes que queremos atacar, a través de la estrategia que lidera el Ministerio de Salud, de manera articulada con el ICBF y otras dependencias del Estado, entre ellas la Superintendencia, que trabaja en garantizar que la normatividad que establece el derecho a la atención y la protección de la vida se cumpla”, enfatizó el funcionario en diálogo con el informativo Colombia Hoy Radio.
En este sentido, reveló que desde mayo se implementó la presencia de cerca de 40 funcionarios de la entidad en La Guajira, un departamento considerado de alta criticidad, para generar una auditoría de seguimiento en temas claves como el derecho a la atención y el buen uso de los recursos públicos, principalmente en la Gobernación y los cuatro municipios accionados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.
Para el Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, bien se puede decir que la reforma a la salud que pretende el presidente Gustavo Petro comenzó en La Guajira. “Se trata de hacer práctico un discurso, pasar de la retórica a la realidad en el terreno. Las personas están sintiendo que el propósito se traduce en beneficios directos y es lo que estamos haciendo con las jornadas de atención. Queremos transmitir cercanía, solidaridad con los afectados y distanciamiento con los infractores; que la gente vea que el que la hace la paga, pero también quien tenga una solicitud de apoyo, una súplica de vida, una petición, un reclamo o una denuncia, la gestionamos y brindamos soluciones”, dijo.
Es así como, en el marco de la estrategia “Gobierno con el Pueblo”, que ha llevado al presidente Petro y a todos sus ministros a despachar desde La Guajira, la Superintendencia de Salud estuvo este martes en el municipio de Manaure atendiendo las peticiones y solicitudes de las comunidades; hoy estará en Nazareth, mañana en Dibulla y el viernes en Riohacha.
“El propósito del presidente Petro es lograr una transformación social, un componente fundamental es la transformación del sector salud y por ello está generándose el debate en el Congreso para la reforma del sistema de salud colombiano. Nosotros, como Superintendencia, manejamos tres frentes: inspección, vigilancia y control, y hemos detectado 13 territorios en el país de alta criticidad, entre ellos, La Guajira. Las denuncias de la gente, aquí y en todo el país, tienen que ver con la imposibilidad de acceso a servicios para ser valorados por los médicos, tanto a nivel de medicina general como medicina especializada; el acceso oportuno y la realización de exámenes de tipo diagnóstico y terapéuticos y deficiencias en entrega de medicamentos. Lo que queremos es que las personas cuenten con la certeza de que existe una afiliación, pero que esta se traduce en atención efectiva, acceso oportuno y calidad en la prestación de los servicios”, reiteró.
De hecho, ante la reiterada y sistemática limitación y restricción al acceso de los servicios en La Guajira, la Superintendencia de Salud ha iniciado actuaciones que pasan por órdenes de inmediato cumplimiento a los entes territoriales, específicamente para el departamento en la persona de la gobernadora, así como para los alcaldes de los municipios accionados (Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao), como responsables de la obligación que tienen de garantizar el acceso y la buena atención a los ciudadanos. Asimismo, se han generado medidas cautelares a entidades por no cumplir la normatividad, entre ellas EPS e IPS de carácter indígena.
“Somos el Gobierno del Cambio y queremos lograr, a través de nuestra gestión, que se garantice la atención a las comunidades y que estas encuentren una entidad cercana, solidaria, amiga”, concluyó el Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán.
