En Colombia, de acuerdo con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, las personas en proceso de reincorporación a la vida civil afrontan riesgos elevados en 131 municipios de 23 departamentos, según lo reveló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en una reunión con António Guterres, secretario General de la ONU, quien visitó al país a propósito de los cinco años de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

Carlos Camargo señaló que la entidad que dirige siempre ha apostado y acompañado el proceso de paz, “porque se entendió que ese respaldo era la mejor de las garantías de no repetición y una oportunidad para la reconciliación del país”.

El Defensor señaló que ese acompañamiento, desde 2017, le ha permitido a la entidad emitir 82 Alertas Tempranas en las que se advierten sobre los riesgos para la población en proceso de reincorporación, especialmente aquella que se quedó en zonas donde la presencia del Estado y su oferta social es poca o nula, como las zonas rurales dispersas o de frontera.

“Especial mención merece la situación que se observa en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y la Orinoquía, donde la exacerbación de la violencia propició afectaciones graves a la vida e integridad de personas en reincorporación, pese a la existencia de Alertas Tempranas emitidas por nuestra entidad”, manifestó Carlos Camargo.

El Defensor del Pueblo agregó que también se han identificado graves riesgos para las personas en proceso de reincorporación en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y sus alrededores.

Esos factores de riesgo, explicó Camargo, se relacionan con grupos armados ilegales, quienes, a través de diversos métodos, tratan de vincular a excombatientes a sus filas, igualmente con acciones violentas en su contra al ser señalados de simpatizar o colaborar con distintos grupos armados ilegales o ser considerados como “traidores”, Esto conlleva a fenómenos de desplazamiento forzado.

“Son una población en condiciones de vulnerabilidad muy altas. Por un lado son víctimas de amenazas, hostigamientos y asesinatos, por ejemplo de organizaciones como las líneas disidentes Gentiliana o la llamada Segunda Marquetalia, que los busca permanentemente como población susceptible de ser reclutada, o de grupos armados ilegales y sucesores del paramilitarismo, que los persigue por considerarlos de bandos” opuestos”, dijo Camargo, quien agregó que en no pocos casos las personas en reincorporación son estigmatizadas por su condición de excombatientes, lo que les dificulta encontrar empleo y reintegrarse a la sociedad.

“Como en todo proceso, reconocemos que ha tenido victorias tempranas y otros avances han sido más lentos en su implementación; la construcción de la paz incluyente y plural es una tarea titánica para el Estado y todos los colombianos, a la que se le debe tener paciencia.

Es importante que todos los funcionarios públicos con responsabilidades con las comunidades visiten los territorios donde se está implementando la paz y observen directamente las problemáticas que aquejan a las comunidades e identifiquen hacia dónde se debe el Estado dirigir sus esfuerzos”, concluyó Carlos Camargo.