El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, consideró este miércoles como un “golpe a la institucionalidad” la “donación” de una ambulancia por parte del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, en la más reciente polémica por obras o mejoramientos de infraestructura hechos por ese grupo armado ilegal en algunas regiones del país.

“Los grupos armados ilegales han encontrado en esto de construir obras para las comunidades una fuente de legitimación” con la que quieren equipararse al Estado en la administración de territorios, indicó el ministro, quien añadió que “eso es responsabilidad del propio Estado que no se ha hecho presente en los territorios”.

En San Juan del Micay, en el departamento del Cauca (suroeste), la comunidad recibió esta semana de manos de las Juntas de Acción Comunal de la zona una ambulancia nueva y un puesto de salud, todo con el respaldo del EMC, quien se hizo eco de la noticia.

“El proyecto que nació como respuesta al abandono estatal a través del cobro de pequeños aportes, decididos por la comunidad en asamblea, fue acompañado por tres días de carnaval y fiesta, que también tiene como objetivo recaudar fondos para continuar con iniciativas como la compra de un bus para ser puesto al servicio de los estudiantes”, indicó la guerrilla en un comunicado compartido por sus canales.

El EMC, que se dedica principalmente al narcotráfico y está en una negociación de paz con el Gobierno, dijo además que aportó una parte de los recursos.

Al acto guerrillero en San Juan del Micay, que incluyó el corte de una cinta blanca inaugural, asistió Nelson Enrique Ríos, conocido como ‘Gafas’, delegado de la mesa de diálogo entre el Gobierno colombiano y el EMC. Para el ministro Velásquez, este tipo de obras “es lo que tiene que transformarse con una presencia institucional que no es solo con la fuerza pública sino con las dependencias del Estado que tienen que llevar a cabo los programas para las comunidades”.

Presencia guerrillera en las regiones

No es la primera vez que una construcción o entrega de servicios por parte de grupos armados ilegales levanta suspicacias en el país, con la pregunta de por qué son ellos quienes se encargan de algo que le correspondería al Estado, pues aprovechan estas carencias para tratar de ganarse el favor de la gente.

Hace un par de semanas la polémica la protagonizó el anuncio de que en abril será inaugurado un colegio construido por las disidencias en el caserío de El Triunfo, situado en San Vicente del Caguán, un municipio del sureño departamento del Caquetá, que llevará el nombre del exjefe guerrillero ‘Gentil Duarte’.

También a finales del año pasado las disidencias entregaron, con toda la pompa, la pavimentación de unas vías en el corregimiento de Santa Rosa, en el departamento de Nariño (suroeste).

“Que haya construcción o mejoramiento de carreteras, cada acción de esas es un golpe a la institucionalidad y es el Estado el que tiene que responder fuertemente haciendo presencia en esos territorios”, aseguró el responsable de la cartera de Defensa el martes tras finalizar un Consejo de Seguridad en Nariño.

En las últimas semanas han circulado además vídeos en los que se ve a guerrilleros del EMC desfilando armados a plena luz del día por las calles de varios pueblos de Colombia ante la mirada impasible de las autoridades y el estupor de la población local que ve cómo los grupos armados ilegales van ganando cada vez más presencia en las regiones.