Emilio Archila, el consejero presidencial para la Estabilización, informó que la Unidad Nacional de Protección está reforzando sus estrategias para la protección de los excombatientes del país.
Desde la firma de la paz en septiembre del 2016, casi 250 excombatientes han sido asesinados, la mayoría participantes en programas de reinserción social y comunitarios.

Después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamara la atención del Gobierno nacional para que garantice el derecho a la vida de los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, se refirió al tema. El funcionario aseguró, este miércoles 3 de marzo, que sí se están ejecutando las acciones apropiadas para evitar que los firmantes del acuerdo sean violentados.

Archila expresó durante una visita al antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, ubicado en el municipio de Tibú, en Norte de Santander: “Frente a la seguridad de excombatientes no hemos estado cruzados de brazos. Durante estos 30 meses hemos cumplido la directiva del presidente Ivan Duque para coordinar a todas las entidades que tienen responsabilidad en este frente para focalizar las atenciones y medidas. Es un engaño pensar que hay negligencia o complicidad por parte del Estado para que sucedan estos hechos”, aseguró.