El ministro de Transporte, William Camargo, señaló que debido al déficit de recursos que esta teniendo la concesión vial Autopistas del Caribe, el megaproyecto ya no es viable.
“La concesión bajo el esquema que se había previsto ya no es viable, porque no tiene recursos que garanticen la construcción, operación y mantenimiento de los que kilómetros que inicialmente tenia como alcance”, afirmó el funcionario.
El megaproyecto enfrenta un problema financiero debido a la suspensión del cobro en el peaje de Turbaco por problemas con las poblaciones. “Por más que tratamos de convencer a las comunidades de la conveniencia de tenerlo, la situación nos esta llevando a que la concesión empiece a tener un déficit de recursos que la esta haciendo inviable”, señala el ministro.
Detrás de esto ha estado el comité ‘Familia No + Peajes’, así como algunos políticos locales, quienes aseguran que esta caseta debería ser desmontada totalmente de la zona.
Tras conocerse la decisión del Gobierno nacional, la Concesión Autopistas del Caribe afirmó que la medida “es un hito negativo para el futuro del sector infraestructura colombiano”.
“Hoy, los $4,3 billones en inversión para la región, los más de 7 mil puestos de trabajo formales en el pico de la construcción, las compras en bienes y servicios, las actividades sociales que apoyan y generan bienestar a las comunidades que son determinantes para esta región del país fueron sepultados”, agregó el concesionario.
En el año 2022, la Concesión y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) trabajaron en una propuesta para Turbaco, que contemplaba un esquema de tarifas diferenciales y la inversión en obras de infraestructura pública por un valor de $25 mil que contemplaban: el mejoramientos de vías internas, obras hidráulicas, construcción de una vía alterna y espacios sociales.
Pero esta iniciativa fue rechazada por el Comité No Más Peaje, representantes del gobierno del exalcalde Guillermo Torres, entre otros actores.
“Con la terminación anticipada de este Proyecto, pierde el país y se impacta directamente la competitividad de las regiones, traduciéndose en el corto y mediano plazo en el lento crecimiento de la economía, aumento del desempleo, disminución de la inversión extranjera directa, la disminución de la calidad de vida y el declive de la infraestructura vial”, concluye la firma.