La labor investigativa articulada de las diferentes delegadas y direcciones permitió
realizar 21.110 imputaciones por delitos asociados con apropiación y desviación ilegal
de recursos, direccionamiento de contratos y otras conductas irregulares.

El Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024, definido por el Fiscal General de la Nación,
Francisco Barbosa Delgado, priorizó el trabajo investigativo para poner en evidencia a las
diferentes redes criminales que se apropian de los recursos públicos destinados a subsanar las necesidades de la población, y lograr la judicialización de los responsables de estas conductas ilegales.

En ese sentido, se realizaron 21.110 imputaciones y obtuvieron 3.579 condenas por hechos
asociados con corrupción, entre 2020 y 2023.

Como parte de una estrategia focalizada y diferencial en contra de los 19 delitos de mayor
incidencia, como el cohecho, el peculado, el interés indebido en la celebración de contratos,
la concusión y la falsedad ideológica, entre otros; fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción y de las 35 seccionales de la entidad materializaron 1.553 imputaciones y lograron 480 condenas.

Caso Odebrecht

En febrero de 2020, se puso en funcionamiento el Grupo de Tareas Especiales para el caso
Odebrecht, a cargo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para concentrar y avanzar con un criterio único en el esclarecimiento del entramado de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

En ese sentido, se solicitaron audiencias de imputación en contra de 104 personas. Se
materializaron las diligencias en contra de 74 investigados (55 exfuncionarios, 17 contratistas y 2 representantes de campañas políticas). 65 de los procesados fueron acusados, en contra de 11 se obtuvieron condenas y con 4 se suscribieron principios de oportunidad.

Red de corrupción que direccionó la contratación estatal

Uno de los grandes resultados en la lucha contra la corrupción fue la identificación y afectación a una red delictiva articulada por el fallecido excongresista Mario Alberto Castaño Pérez, que direccionó la contratación en entidades del orden nacional y municipal.
En este frente fueron imputadas 42 personas, entre ellas 8 alcaldes. Ante la contundencia de las pruebas recaudadas por el equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la
Corrupción y los grupo de policía judicial, 34 de los implicados aceptaron su responsabilidad
por allanamiento de cargos o mediante preacuerdos.

Hasta el momento se han obtenido 5 condenas y 29 más están a punto de emitirse por parte de la Judicatura, previa aprobación de los preacuerdos y las aceptaciones de cargos.
Producto de la compulsa de copias hecha a la honorable Corte Suprema de Justicia, la Sala
Especial de Primera Instancia condenó al excongresista Mario Castaño a 15 años y 11 meses de prisión.

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