El presidente Gustavo Petro ya firmó un decreto que permitirá que integrantes de la primera línea queden en libertad antes de Navidad.

El decreto, “crea una comisión para hacer el estudio de los casos y recomendar al presidente”.

Dichos integrantes de la primera línea están en diferentes cárceles del país, donde enfrentan cargos por haber cometido presuntamente todo tipo de delitos durante el paro del año pasado.

El Gobierno Petro busca que ellos sean reconocidos como gestores de paz, lo que ha desatado una tormenta jurídica. La procuradora Margarita Cabello, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, han advertido de los riesgos constitucionales de la propuesta presidencial.

Alerta entre jueces y fiscales: la cúpula de la justicia le hace graves advertencias al presidente Gustavo Petro, quien quiere liberar a los integrantes de la primera línea. No se puede.

La propuesta del presidente Gustavo Petro de liberar antes de Navidad a centenares de integrantes de la primera línea que están presos se podría estrellar con una barrera legal. Los detenidos enfrentan graves cargos por delitos como tortura, concierto para delinquir, lesiones personales y terrorismo, entre otros. De hecho, nueve de ellos ya fueron condenados por jueces que valoraron todo tipo de pruebas en su contra.

Todos coinciden en señalar que no se puede liberar a estos procesados. No reúnen las condiciones que fija la ley para los gestores de paz, ya que no forman parte de un grupo armado organizado al margen de la ley y no están inmersos en un proceso de paz con el Gobierno, como es el caso del ELN. Se trata de delincuentes comunes que están única y exclusivamente a disposición de los jueces