Con los recientes hechos de violencia, como el homicidio de un concejal electo y las amenazas contra funcionarios de la administración municipal, la entidad de derechos humanos les solicitó adicionalmente a los entes competentes atender las recomendaciones formuladas en una de sus alertas tempranas.
Dada la ola de violencia e inseguridad que tiene atemorizados a los habitantes de Tuluá, en la zona central del departamento del Valle del Cauca, la cual incluye el asesinato del concejal electo del municipio, Eiliecid Ávila Ávila, y las recientes amenazas contra funcionarias y funcionarios de la Alcaldía y Personería de esa población, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado de carácter urgente a toda la institucionalidad estatal.
“En razón a las violencias sociopolítica y conexas de las que por estos días han sido víctimas los tulueños, es decisivo que los entes nacionales, departamental y local atiendan nuestras recomendaciones formuladas en la Alerta Temprana 019 del 2023. La población y los servidores públicos de este importante municipio vallecaucano deben ser protegidos”, indica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Las disputas entre las bandas delincuenciales por el control territorial para extorsionar, secuestrar, traficar estupefacientes, robar, entre otros hechos delictivos, constituyen un escenario de riesgo que se viene presentando desde hace tiempo en el pueblo.
“Acallar las voces de los líderes sociales y querer privar de sus funciones a quienes sirven desde la administración municipal, como conductas criminales que atentan contra los derechos humanos, derivan en un impacto negativo para la construcción del tejido social”, afirma Carlos Camargo.
Por tales motivos, el Defensor insta a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares a tener una línea de acción y reacción efectiva, con el fin de que sean salvaguardados los derechos a la vida e integridad de los tulueños, máxime que el antecedente de homicidios amerita un trabajo articulado, pues durante el 2023 fueron asesinadas en el municipio 124 personas.
“Las acciones de disuasión de amenazas, de protección, de inteligencia e investigación judicial y de coordinación interinstitucional deben verse reflejadas en la garantía real de derechos. Los habitantes de Tuluá no pueden quedar al arbitrio de los criminales”, concluyó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
Lea también: Alcalde de Santa Marta firmó decretó que prohíbe consumo de drogas en espacios públicos
