La entidad garante de los derechos humanos se comprometió a abrir espacios de concertación a partir de la conformación de una mesa de diálogo integrada por el Gobierno, la Unidad Nacional de Protección y la Agencia Nacional de Tierras.
La Defensoría del Pueblo anunció este miércoles que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz que se encuentran en una situación grave y urgente de vulneración a sus derechos a la vida, integridad y seguridad.
Esta decisión se tomó luego de una reunión entre el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y representantes de la Asociación Nacional de Firmantes de Paz (Anfap), quienes denunciaron el presunto incumplimiento del Estado en materia de seguridad para los excombatientes.
Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han sido asesinados 306 firmantes, de los cuales 187 eran excombatientes de las FARC-EP.
“El Estado tiene la responsabilidad de cumplir con el Acuerdo Final de Paz, y es fundamental que todas las partes involucradas asumamos los compromisos pactados. Porque garantizar la vida y seguridad de los firmantes es la prioridad”, afirmó el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo también se comprometió a abrir espacios de concertación con el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Tierras y otros entes del Estado, con el propósito de seguir atendiendo a lo establecido en el Acuerdo de Paz.
