La situación de seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento de Córdoba está en crisis, así lo señalaron durante la audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, realizada en Montería.

A lo largo de tres horas en el auditorio de la Universidad de Córdoba, líderes y lideresas sociales relataron las dificultades que deben enfrentar, por cuenta del dominio territorial de los grupos violentos y las intimidaciones y hostigamientos que ejecutan los integrantes de las autodefensas gaitanistas.

“En los primeros cuatro meses del año documentamos 56 agresiones contra este tipo de liderazgos en Córdoba.  Por eso hemos hecho un acompañamiento ante las instituciones estatales de nivel nacional para que den una respuesta efectiva”, aseguró Ana María Rodríguez de la Comisión Colombiana de Juristas,

Por su parte Gabriel Domingó, de la Mesa Humanitaria de Córdoba, hizo énfasis en la importancia de tener un territorio libre del conflicto armado, para que la violencia no siga siendo un obstáculo para el desarrollo del territorio y de las iniciativas campesinas, “Les pedimos que nos ayuden a seguir con esta construcción que se ve truncada por los violentos”, dijo.

Después de escuchar los relatos de los diferentes afectados por la violencia, la presidenta de la Comisión Jahel Quiroga, aseguró que se levantará un acta para entregársela al Gobierno y gestionar acciones de seguridad y protección para los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el territorio.

“Después de esta audiencia, haremos llegar un informe al Congreso de la República sobre la situación actual y con las acciones a promover para garantizar los derechos de quienes trabajan por las comunidades. La labor social y comunitaria es el primer paso para pensar en la paz total, el proyecto de una paz estable y duradera que está impulsando el Gobierno del cambio”, dijo la senadora Jahel Quiroga, Coalición Pacto Histórico.

Las organizaciones sociales de Córdoba recalcaron que se requiere la colaboración de todos los organismos para seguir con su labor, sin miedo a represalias de los actores armados al margen de la ley que controlan la zona, lo que fue ratificado por la delegada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia.

Juliette de Rivero puso en conocimiento de la audiencia el seguimiento que se an hecho a los ataques a lideresas y líderes de Córdoba e hizo un llamado a las autoridades para que atiendan las denuncias, señalando: “Estamos en contra de las amenazas y los hostigamientos contra las organizaciones sociales. Y pedimos que haya una protección para que sigan cumpliendo su labor, fundamental para pensar en una paz duradera”.

Por su parte el senador Omar Restrepo, del Partido Comunes, lamentó la ausencia de las autoridades regionales y locales, pues considera que su asistencia a eventos en los que se escucha a la comunidad son esenciales para gobernar. “Nos preocupa la ausencia del gobernador de Córdoba Orlando Benítez y los alcaldes de este departamento, ¿dónde están? y ¿cuáles son las políticas que adelantan para frenar la crisis humanitaria?”, puntualizó.

Entre otras denuncias se escuchó de la comunidad que las autodefensas gaitanistas restringen la movilidad y el trabajo de los líderes sociales, al tiempo que declaran objetivo militar a quienes desarrollen trabajos con las comunidades.

“Somos doblemente estigmatizados, desplazados y amenazados, no podemos alzar la voz en el territorio. Invitó a la institucionalidad y a la comunidad internacional a que nos ayuden”, insistió Néstor Moreno Ríos, vocero de la Corporación Córdoba Diversa.

La violencia ejercida contra las mujeres recibió especial atención en el desarrollo de la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos, Ruth Cruz Villarraga reconocida defensora de derechos humanos en ese departamento dijo: “ser lideresa y defensora de derechos humanos en Córdoba es un pecado, una sentencia de muerte. Y tienes que vivir en un estado de alerta constante por las amenazas. No podemos seguir en esta situación”.

Finalmente, la senadora Jahel Quiroga, manifestó que es necesario que la institucionalidad se una para defender la vida de los cordobeses y esclarecer los hechos intimidatorios que se han presentado “toda la institucionalidad se debe convocar para proteger a los defensores de derechos humanos, los líderes comunales, los dirigentes campesinos, líderes indígenas y políticos”.

Además, la presidenta de la comisión aseguró que serán tramitadas todas las denuncias presentadas, al tiempo que se les hará estricto seguimiento, pero advirtió que se exigirá la acción decidida de los organismos de seguridad, al señalar: “necesitamos esclarecer quienes están amenazando a los defensores de derechos humanos y por qué. En Córdoba se evidencia una alta vulneración de los liderazgos, por eso hemos priorizado este territorio”, concluyó.

Prensa Senado