El plan de choque en salud anunciado por el presidente Abelardo De la Espriella busca atender a 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes en Colombia.
El anuncio se produjo el lunes 21 de septiembre, después de un Consejo de Ministros. El Gobierno presentó la estrategia como una medida extraordinaria y temporal para reducir las atenciones represadas.
Según Presidencia, entre enero y julio de 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud. El 92 % estuvo relacionado con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud.
De la Espriella afirmó que el objetivo consiste en identificar a cada paciente, establecer qué atención necesita y destrabar los recursos. Después, las autoridades harán seguimiento hasta comprobar la entrega del medicamento o la realización del procedimiento.
¿A quiénes priorizará el plan de choque en salud?
La primera fase tendrá cobertura nacional y contempla a más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes. También incluye a más de 300.000 pacientes que esperan procedimientos.
El Gobierno señaló que entre los pacientes priorizados están personas con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH y enfermedades neurodegenerativas.
También aparecen pacientes con enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, EPOC, asma y otros tratamientos considerados esenciales. Las mujeres gestantes también hacen parte de la población contemplada.
La estrategia busca que las EPS identifiquen los casos pendientes y gestionen la atención correspondiente. Además, las autoridades realizarán seguimiento durante la ejecución del plan.
Gobierno anuncia compra de cartera para respaldar la estrategia
Para financiar las atenciones incluidas en esta primera fase, el Gobierno anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida.
Según el presidente, este mecanismo tendrá una tasa de interés del 0 % y un año de periodo de gracia. Los recursos estarán destinados a las atenciones incluidas en el plan.
El Gobierno aclaró que la medida no implica pagar nuevamente servicios que ya fueron cancelados. También señaló que el mecanismo no reemplaza las obligaciones permanentes de las EPS.
Mesa técnica hará seguimiento a los recursos
El plan contará con una Mesa Técnica de Control. En ella participarán el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.
Este equipo deberá vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las EPS y el uso de los recursos destinados a las atenciones pendientes.
La primera fase comenzó con la identificación de los pacientes y los servicios que permanecen represados. El Gobierno deberá avanzar ahora en la ejecución y seguimiento de cada caso.
La estrategia se extenderá durante los próximos meses y busca reducir el número de pacientes que esperan medicamentos o procedimientos médicos en el sistema de salud.