Costa Rica, Procuraduría y Corte Interamericana de Derechos Humanos renovaron acuerdo de cooperación

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La jueza Nancy Hernández López, Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), y Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación de Colombia renovaron en San José de Costa Rica, un acuerdo de cooperación, en donde ambas partes se comprometen a unir esfuerzos desde las instituciones que lideran para intercambio de información y conocimiento, en proyectos con énfasis en enfoque diferencial de género.

 

 

Ambas instituciones coinciden en la necesidad de unir esfuerzos para lograr una mejor aplicación y difusión de los instrumentos internacionales rectores de los derechos humanos, y para llevar a cabo proyectos de investigación, formación y capacitación conjunta en temas de interés mutuo.

“Para la Procuraduría General de la Nación es muy importante renovar este convenio para efectos de intercambiar experiencias para poder formar y capacitar a los funcionarios con orientación hacia la visión de derechos humanos de todos los ciudadanos”, destacó la Procuradora Margarita Cabello Blanco.

Quien agregó que, se incluyó la necesidad de “formar a nuestros procuradores, a nuestros funcionarios con perspectiva de género y enfoque diferencial”.

Por su parte, para la jueza Nancy Hernández López, Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) “es un honor y un privilegio renovar este convenio, sobre todo que ahora tiene una cláusula con perspectiva de género”.

Además, añadió que, “la capacitación, el intercambio académico con todas las instituciones de derecho de la región, en especial, con las procuradurías y los poderes judiciales nos fortalece a nosotros y al derecho interamericano”.  

El convenio incluye la realización de congresos, seminarios, coloquios, simposios, conferencias, foros bilaterales o multilaterales, que permitan alcanzar los fines propuestos; prácticas y pasantías en la CorteIDH por parte de funcionarios del ente de control, desarrollo de actividades jurídicas y de investigación conjuntas, acceso a la jurisprudencia y a las publicaciones de ambas instituciones, además, de otras actividades de formación.

El documento de cooperación firmado que incluye once puntos, también compromete a ambas instituciones a crear un comité de enlace y hacer propuestas de financiamiento conjunto con el fin de fortalecer los vínculos y mejorar la aplicación y difusión de los instrumentos internacionales rectores de los derechos humanos.