La Contraloría Departamental del Atlántico ha revisado a la fecha, varios contratos que suman más 29 mil millones de pesos, los cuales tienen como objeto atender la emergencia derivada por el COVID19. Estos recursos, son en un porcentaje propios, y el restante, al Sistema General de Participaciones.

La Contraloría comisionó a los Contralores Auxiliares de la entidad, para que, a través del Grupo de Reacción Inmediata, GRI, se llevara a cabo investigación de carácter fiscal, respecto a la contratación pública celebrada en el departamento del Atlántico, bajo la figura de Urgencia Manifiesta.

Desde finales de marzo, con un grupo liderado desde el despacho del Contralor Departamental, Jairo Fandiño, y el Subcontralor Javier Bolaño, se iniciaron visitas técnicas a la gran mayoría de los municipios del departamento, atendiendo además el llamado de las veedurías ciudadanas, esto con el fin revisar los elementos de las ayudas humanitarias, vigilar los procesos de entrega a los beneficiarios, corroborar información con la población más necesitada, entre otros objetivos.

Esta semana se expidió la Resolución No. 170 del 4 de mayo de 2020, por medio de la cual, se habilitaban términos para que los sujetos de control, Gobernación del Atlántico y los diferentes municipios del departamento, puedan presentar sus descargos frente a las eventuales observaciones de carácter fiscal, disciplinaria o administrativa, que arrojen las investigaciones, con el fin de poder entregar a la ciudadanía los resultados de todas las actuaciones.