En el marco del Foro Mixto la Comisión Primera Constitucional del Senado, escuchó las diversas posiciones de representes de ONGs y periodistas sobre el proyecto de Ley que introduce disposiciones Anti-SLAPP en el ordenamiento jurídico colombiano y se modifica el Código General de Procedimiento y la Ley 906 de 2004, con el fin de erradicar el acoso judicial o litigioso dirigido a cercenar los derechos a la libertad de expresión, información y asociación.

La iniciativa, que tiene como ponente al  senador Rodrigo Lara Restrepo (Cambio Radical), tiene como propósito contrarrestar la persecución a periodistas, medios de comunicación o incluso usuarios de redes sociales, por difundir información de interés público.

El SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation por su siglas en inglés) es una  forma de litigio a través de la cual personas o empresas que ejercen actividades que son de interés público utilizan la ambigüedad de ciertas normas para evadir el escrutinio y acosar, mediante demandas sistemáticas o superfluas, a quienes investigan sus actividades.

Alcances de la Iniciativa

El Proyecto de Ley establece que se adicione al artículo 79 del Código General del Proceso un párrafo en que se contemple, “No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: […] Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. […] Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar.

Intervenciones

Durante el Foro representantes de ONGs y periodistas dieron a conocer casos de acoso judicial o litigioso contra  los derechos a la libertad de expresión, información y asociación.

Guilherme Canela consejero de Comunicación e Información de la Oficina de la UNESCO – Montevideo dijo, “no se puede hacer un ejercicio libre, independiente y plural del periodismo si tenemos un expediente de uso del acoso judicial contra los periodistas y las empresas de medios”. Por su parte Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa Flip, afirmó, “el acoso judicial es lo que genera más inconveniente a los periodistas, los desalienta a realizar sus investigaciones y es un fenómeno que viene en aumento”.

Para Ana Bejarano, abogada y docente universitaria, “no se está proponiendo que las personas no puedan defender su derecho al buen nombre y a la honra. Lo que estamos buscando es que los jueces y los operadores puedan tener elementos que les permitan identificar cuando se trata de un acoso judicial contra la libertad de expresión”.

Finalmente Diana Saray Giraldo, directora  del diario Vanguardia de Bucaramanga resaltó  “lo más importante es que el operador de la justicia valore si los elementos son válidos para seguir con las etapas  de indagación de un delito, en donde se acuse a un  periodista o si se inadmite o se archiva”.