Después d 5 años al frente del cargo, renunció el secretario de gobierno de Barrranquilla, Clemente Fajardo.

“Nuevos retos laborales llegan a mi vida. ¡Vuelvo al río Magdalena y al sector portuario para aportar, desde esta orilla, al desarrollo de Barranquilla”, dijo Fajardo.

“Hoy podemos decir que la ciudad cuenta con una notable estructura de justicia cercana al ciudadano, que ha logrado desplegarse con éxito en todas las localidades. Con un trabajo sin descanso las 24 horas del día, comisarios de familia e inspectores de policía visitan cada sector de nuestra ciudad, y en un trabajo titánico aportan a la equidad y la justicia que tanto recalará en nuestros barrios”, puntualizó.

Dijo que las cárceles distritales son modelo de referencia a nivel nacional en la gestión de la Covid-19. Bajo su liderazgo, dijo que fue posible desmontar los paradigmas que se crearon al inicio de la pandemia, por lo que nunca cerraron esas instalaciones para el recibo de internos.

Barranquilla, como ciudad receptora de una abundante migración de ciudadanos del vecino país de Venezuela no ha sido inferior en su atención.

“Hoy contamos con el Centro Integral Local para Migrantes, un espacio adecuado para brindarles el acompañamiento y la atención que requieran. Además, somos referencia nacional e internacional como modelo en programas de acogida y por contar con políticas públicas modernas y acordes con las necesidades de esta realidad”, explicó.

Por otra parte, señaló que Barranquilla es la única ciudad a nivel nacional que cuenta con un protocolo para la protesta pacífica construido con todas las organizaciones sociales. Un modelo que defiende la protección y el respeto de los derechos humanos de los habitantes, siendo este uno de los logro sin precedentes, ya que uno de los principales objetivos ha sido salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos, resaltando el trabajo y la defensa de las minorías.

En esa misma línea, se logró la construcción y puesta en marcha del Centro Regional de Víctimas, ubicado en Juan Mina, un espacio habilitado para la atención integral de 180.000 víctimas del conflicto armado, reconocidas en el distrito. Es en este escenario donde converge la atención interinstitucional del Estado y la Administración para esta población.