La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo una política de represión tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El reporte, indicó que la reelección del líder chavista en medio de denuncias de fraude carece de “legitimidad democrática”, destacando una política para “infundir terror” y “silenciar voces disidentes”.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia enérgicamente el continuo uso de prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela para sembrar miedo y ejercer control sobre la población. Instan al régimen a cesar de manera inmediata la persecución contra personas opositoras, defensoras de derechos humanos y periodistas, así como a liberar de forma inmediata a todas las personas detenidas por motivos políticos en el país”, se lee.
El informe advierte que el régimen dividió su estrategia en tres etapas: la primera en el proceso preelectoral, la segunda el día de los comicios, y la tercera, la más represiva, tras la consulta.
“Según la información disponible, estas acciones fueron ejecutadas por individuos encapuchados, sin identificación visible, que se desplazaban en vehículos sin placas. Las autoridades han rehusado proporcionar información sobre las personas detenidas, incumpliendo sus obligaciones internacionales, a pesar de los esfuerzos de los familiares por obtener respuestas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también denunció falta de separación e independencia del Poder Judicial, instó a la comunidad internacional “a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela y a mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas.
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