La Procuraduría General de la Nación impuso cargos contra el exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019) y el exsecretario de Educación, Julio César Aguilar Carreño (2018), por presuntos sobrecostos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Los exfuncionarios presuntamente habrían incrementado el presupuesto del contrato en $460 millones para cubrir gastos de publicidad, visibilidad y socialización, costos que no están contemplados ni permitidos en la regulación legal del PAE.
“La destinación de los recursos por este factor no se realizó con ajuste a la regulación establecida, y no estuvo debidamente justificada porque no se nota en ningún momento la planeación suficiente que justifique los dineros asignados para tal fin”, precisó el órgano de control.
La procuraduría, también indicó que la administración municipal al momento de estructurar y suscribir el contrato al parecer no observó los criterios de razonabilidad y objetividad para establecer su valor.