Fue aprobado en plenaria de la Cámara de Representantes el polémico artículo en el proyecto ‘Anticorrupción’, calificado de censurar a la prensa para denunciar a servidores públicos.

A través del proyecto se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

“Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías, ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisito legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004”, señala el artículo aprobado.

El Representante a la Cámara, César Lorduy, expresó: “Aquí no estamos hablando de si se puede criticar o no, estamos hablando de hechos falsos, la pregunta es si en este país alguien está autorizado para señalarle hechos falsos a otra persona”.

Con 59 votos por el Sí 53 por el No, la Plenaria aprobó tres proposiciones de sustitución para modificar el artículo, eliminando las penas de cárcel y económicas a quienes injurien o calumnien a servidores públicos, pero manteniendo la cancelación o suspensión de la personería jurídica, tras haber negado las proposiciones que buscaban su archivo, presentadas por los congresistas Inti Aprilla, Gabriel Santos, Juan Fernando Reyes Kuri, María José Pizarro, León Fredy Muñoz, Wilmer Leal y Mauricio Toro entre otros.

El Representante a la Cámara por Bogotá, Edward Rodríguez, dijo: “Una vez sea condenada la persona, como condena accesoria se hará cancelación de la personaría jurídica… estoy de acuerdo que los funcionarios debemos estar sujetos a escrutinio, pero no a difamación”.

Para el congresista David Racero, “el mejor blindaje contra las fake news, las mentiras y el ataque a la honra es precisamente las buenas las acciones, el buen gobierno y la buena política del servidor”.

En opinión de la Representante, Juanita Goebertus, advierte que, “La Corte Constitucional ha sido clara, los servidores públicos tenemos una limitación mayor a nuestra privacidad y tenemos que estar sometidos a un control periodístico mayor”.