Según lo aprobado por la Cámara de Representantes, ¿qué contempla el proyecto de ley de “borrón y cuenta nueva?. De acuerdo con lo establecido, quienes paguen las obligaciones por las que han sido reportados en los próximos 12 meses, permanecerán con dicha información negativa en los bancos de datos por máximo seis meses.

Una vez cumplido el periodo, la calificación deberá ser retirada automáticamente por las centrales de riesgo. En el proyecto se incluyó un artículo, el cual indica que aquellas obligaciones que sean objeto de reporte negativo durante la emergencia sanitaria y hasta el 31 de diciembre de 2020, no serán reportadas en los Bancos de Datos en este mismo período, siempre y cuando, los titulares de la obligación se acerquen a las entidades en busca de una reestructuración.

Otros de los cambios que trajo la ley, es que establece que debe existir una comunicación previa al usuario en caso de cualquier tipo de reporte, que también aplicará para cualquier operación de comercio electrónico. Así mismo, ordena la gratuidad para toda consulta de información crediticia a los usuarios del sistema a través de todos los canales de acceso y en cualquier momento, sin que esto genere alguna afectación en su calificación.

En caso de falsedad o suplantación personal que genere una afectación en el historial crediticio de un usuario, y que dicho reporte le exija el pago de la deuda a la víctima, el titular de la cuenta deberá presentar una petición de corrección ante la central de riesgo (adjuntando los soportes correspondientes) y denunciar el delito de estafa, si así lo considera.

La entidad financiera una vez reciba la solicitud, deberá cotejar los documentos que prueben el delito en los próximos 10 días, y el dato negativo, deberá ser modificado por la fuente reflejando que el titular se encuentra dentro de un proceso de suplantación, con una notificación en su historial personal.

Si 15 días después el operador no ha dado pronta resolución, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada y, de no ser así, el solicitante tendrá la opción de pedir sanciones para la entidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o a la Superintendencia Financiera.

El proyecto también prevé la creación de una aplicación gratuita, para que los titulares registren su correo y reciban comunicaciones, cuando se les reporte una nueva obligación en su historial de crédito en menos de cinco días hábiles.